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España rechaza entregar a exviceministro venezolano a EEUU

La Audiencia Nacional se opone a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía, que apoyó la extradición

Javier Alvarado Ochoa cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra de lo que alegó la Fiscalía, el tribunal descarta que la obtuviese de forma fraudulenta (Wikipedia)

15 minutos. Un tribunal español rechazó la extradición a Estados Unidos (EEUU) del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa.

Ochoa es investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El exfuncionario denunció ser objeto de una persecución política.

En un auto conocido este martes, la Audiencia Nacional española se opuso a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía, que apoyó la extradición.

EEUU comenzó a investigarlo por delitos de organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios.

También se le está investigando por esos mismos delitos en España, en la propia Audiencia Nacional.

A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017. En contra de lo que alegó la Fiscalía, el tribunal descarta que la obtuviese de forma fraudulenta.

Tras ser cesado en Bariven -filial de PDVSA- en 2013, Alvarado se trasladó a España. Allí se encuentra en libertad bajo fianza de 90.000 euros.


Investigación abierta en España

Respecto a la investigación abierta en España, la Audiencia recordó la existencia de una querella "contra diversas personas físicas y jurídicas" relacionadas con PDVSA. Entre ellas figura Alvarado por delitos cometidos en Venezuela -país que también pidió su extradición- y en otras naciones.

Tiene "cargos" en Bariven. Allí habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, "al menos parcialmente", blanqueados en España. Esto, a través de inmuebles y creación de sociedades.

"Esta misma situación -dice el auto- se habría producido en relación con otros países, entre ellos el Estado que demanda la extradición (EEUU), como también Reino Unido, Suiza, Malta, Islas Mauricio, Belice, etc".

La Audiencia Nacional entiende que tanto en EEUU como en España, "como probablemente en otros países, se está llevando una investigación sobre, si no exactamente los mismos hechos, sí sobre aspectos parciales de una misma situación, pero que tienen indudables elementos comunes".

Es lo que se denomina "una situación de doble competencia jurisdiccional concurrente". El tribunal señala que, dado que a él solo compete resolver la extradición, no le corresponde pronunciarse a favor de una u otra jurisdicción.

No obstante, como el reclamado cuenta con la nacionalidad española, tendría prevalencia esta, según la Audiencia, incluso para los que son objeto de investigación en EE.UU. Además, tiene en cuenta la "gran disparidad de tratamiento punitivo en uno y otro sistema penal".

En EEUU, la pena aplicable por los hechos por los que se le reclama sería de 20 años de cárcel, "ostensiblemente más alta que la imponible en España". 

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