15 minutos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa avaló este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno de España a reformar los delitos de sedición y de rebelión.

En la misma se plantea el indulto de los presos del ‘procés’. E incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Finalmente fue aprobada la resolución de Cilevics, en base a su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’.

Pese a las enmiendas presentadas por el PSOE, la misma fue avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón insistió en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron “desproporcionadas”.

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del ‘procés’ y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que “considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos”.

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que “se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos”.

Independencia judicial

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. “Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial” y, por tanto, “sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes”, defendió el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. “El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial”, ha recalcado.

Respecto a la reforma de los delitos de rebelión y sedición, la resolución plantea que se haga de forma “que no puedan ser interpretados como para deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que buscó el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005. O llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”, como Cilevics considera que ha sido el caso. Similares a las que se imponen “por asesinato o violación”, ha dicho en su intervención.

Los socialistas querían cambiar este punto decantándose por “reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición. De tal modo que no puedan llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”.

En cuanto a los indultos, el diputado letón dijo que si en su momento se pudo indultar a los responsables del 23-F “por qué no ahora”.

El texto anima a las autoridades españolas a que consideren “indultar o de lo contrario liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las multitudinarias manifestaciones masivas relacionadas con este”.

El PP defiende las condenas

Tampoco prosperaron las enmiendas formuladas por el PP, que insistió en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías. La premisa sobre la que se sustenta el informe, dijo la diputada Valentina Martínez Ferro, es “falsa”. Puesto que “en España no hay ningún político condenado por ejercer su libertad de expresión”.

“España es una democracia sólida (…) cuya realidad es totalmente distinta con lo que se muestra en este informe”, dijo el diputado popular Pablo Hispán.

Tanto Martínez como Hispán aprovecharon también para criticar los planes de indulto del Gobierno. Recordaron que el propio Supremo se pronunció en contra y que los interesados no lo han solicitado. E incluso ya han dejado claro que no se arrepienten y volverían a hacer lo que hicieron.

Por otra parte, la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria plantea a las autoridades españolas que se contengan de “pedir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de perdón”, si bien se apunta a que sí se les puede pedir que busquen alcanzar sus objetivos políticos “sin recurrir a medios ilegales”.

Además, se invita al Gobierno a que entable “un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña. En el diálogo se incluye a quienes se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española” mediante el “Estado de Derecho, la buena gobernanza y el total respeto de los Derechos Humanos, sin recurrir al derecho penal, sino en pleno respeto del orden constitucional de España”.

VOX rechaza, ERC celebra

También el representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, rechazó los términos del informe. Y preguntó: “quién es un diputado letón para atacar la soberanía jurídica de España”. El dirigente de Vox no pudo intervenir en la Asamblea por la organización del debate,. Sin embargo, grabó un vídeo a sus puertas en el que incluso rasga los papeles del ‘informe Cilevics’.

“No puede haber mayor aberración que utilizar el Consejo de Europa para atacar el Estado de Derecho. Y eso es precisamente lo que hace el informe Cilevics”, denunció Espinosa de los Monteros. Él ve el documento como “un ataque” a la democracia española.

Frente a esto, aplaudió al autor del informe la representante de ERC, Laura Castel, quien dijo hablar en nombre de los políticos presos. Además, defendió que “votar nunca puede ser un delito”, sobre todo cuando se hizo, según ha sostenido, “de forma pacífica”. Por ello, ha pedido que se pida al Gobierno español la amnistía. “El indulto solo es el primer paso”, sostuvo pese a que su petición en este sentido, en forma de enmienda al informe, fue rechazada.

Castel denunció que en España la violación tiene una pena de entre uno y cinco años de prisión. Mientras que “poner unas urnas” fue castigado con 13 año de cárcel. Además, denunció que se usan las instituciones para “perseguir” a los independentistas.