15 minutos. Amnistía Internacional advirtió este martes que la pandemia de coronavirus agravó los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión y derivó en un auge de la desinformación.
Esto produce un “impacto devastador” en “la capacidad” de la población “para acceder a información exacta y oportuna que la ayude a afrontar la creciente crisis sanitaria”.
La organización publicó el informe “Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de COVID-19”.
El documento revela cómo “la pandemia creó una peligrosa situación en la que los gobiernos utilizan nuevas leyes para silenciar la información independiente. Así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la COVID-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta”.
“A lo largo de la pandemia, los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas”, dijo.
Medios de comunicación en la mira
“Han puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, censurando las redes sociales y cerrando medios de comunicación, todo lo cual tiene un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse a la COVID-19”, lamentó el director general de Investigación, Incidencia y Política de AI, Rajat Khosla.
Khosla criticó que en mitad de una pandemia, se haya “silenciado y encarcelado” a periodistas y profesionales de la salud.
Ante ello, “la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades”.
Acotó que este puede haber sido “un factor” que ha “contribuido” a que cerca de cinco millones de personas perdieran la vida por el coronavirus en el mundo.
Libertad de expresión en China
Amnistía Internacional se refirió, en concreto, al caso del Gobierno de China, que, recuerda, “tiene un largo historial de control de la libertad de expresión”.
“Ya en diciembre de 2019, muy al principio de la pandemia, hubo profesionales de la salud y periodistas ciudadanos que intentaron disparar las alarmas, pero el Gobierno los puso en el punto de mira por informar sobre el brote de lo que por entonces se trataba de una enfermedad desconocida”, añadió.
Detalló que en febrero de 2020, Pekín abrió 5.511 investigaciones penales contra personas que publicaron información sobre el brote por “inventar y difundir deliberadamente información falsa y perniciosa”.
Según precisó AI, un caso terrible en el país asiático fue el de la periodista ciudadana Zhang Zhan, que viajó hasta Wuhan en febrero de 2020 para informar sobre el brote y desapareció en mayo en esa ciudad.
Posteriormente, se reveló que fue detenida por la Policía, acusada de “provocar peleas y crear problemas” y condenada a cuatro años de cárcel, sentenció AI.
Pero no solo China recurrió a la censura. Amnistía apuntó a otros muchos países que introdujeron “leyes opresivas que restringen el derecho a la libertad de expresión y silencian la disidencia en el marco de la pandemia o so pretexto de ella”, entre ellos Tanzania, Rusia y Nicaragua.
Otros países restringen libertades
En Tanzania introdujeron una serie de leyes “para silenciar a periodistas, defensores de los Derechos Humanos y miembros de la oposición política”, así como tomaron una posición “negacionista” frente a la crisis sanitaria.
“Entre marzo y mayo de 2020, las autoridades utilizaron leyes que prohibían y penalizaban las noticias falsas y emplearon otras medidas para restringir la cobertura en los medios de comunicación de la gestión de la COVID-19 por parte del Gobierno”, explicó Amnistía.
Respecto a Nicaragua, condenó que las autoridades utilizaron la COVID-19 para introducir la Ley Especial de Ciberdelitos en octubre de 2020. En la práctica, “permite a las autoridades castigar a quienes critiquen las políticas gubernamentales, y concede amplias facultades para reprimir la libertad de expresión”.
Asimismo, Amnistía señaló que en abril de 2020, Rusia amplió su legislación contra las “noticias falsas”.
Introdujo sanciones penales para la “difusión pública de información deliberadamente falsa” en el contexto de situaciones de emergencia.
“Aunque se dijo que estas reformas formaban parte de la respuesta oficial a la COVID-19, son medidas que seguirán en vigor una vez que la pandemia llegue a su fin”, advirtió la organización.
Ofensiva contra los DDHH
“Está claro que las restricciones sobre la libertad de expresión relacionadas con la COVID-19 no son simples medidas extraordinarias de duración determinada para enfrentarse a una crisis temporal, sino que forman parte de una ofensiva contra los Derechos Humanos que se ha vivido en todo el mundo durante los últimos años”. dijo
“Los gobiernos han encontrado otra excusa para intensificar su ataque contra la sociedad civil”, enfatizó el director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
Llamó a los gobiernos a levantar “urgentemente” las restricciones “al derecho a la libertad de expresión” y “garantizar la libre circulación de información para proteger el derecho a la salud de la población”.
El informe publicado por Amnistía ahonda en el papel de las redes sociales a la hora de difundir desinformación sobre la pandemia.
El grupo instó también a las empresas que gestionan estas plataformas a que “garanticen que el público puede acceder sin restricciones a una información correcta, oportuna y basada en evidencias científicas”.
“Esto es crucial para minimizar la reticencia a la vacunación que provoca la desinformación”, matizó al respecto Rajat Khosla.
Pidió a las farmacéuticas y a los estados que “hagan todo lo necesario” para acelerar la vacunación, especialmente la entrega de vacunas a países de ingresos bajos.
