24 de abril de 2020 10:08 AM | Javier Martín (EFE)

15 minutos. La Alta Comisionada Adjunta de Protección en ACNUR, Gillian Triggs, alertó que medidas como el confinamiento o aislamiento, junto a la crisis económica que se percibe, dispararon el riesgo de sufrir abusos entre las poblaciones refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas forzosas.

La situación se agrava entre las mujeres y niñas, las más vulnerables, expuestas a la violencia machista, prostitución y matrimonios forzosos. Por ello, Triggs pidió a los gobiernos políticas de inclusión y un liderazgo que evite la estigmatización de estos colectivos.

En términos generales, la pandemia golpeó con gran intensidad a las mujeres, que en muchos casos asumen un coste psicológico y emocional mayor. Le cuestionaron a la abogada si este también es el caso de las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas forzosas.

"Está claro que el número de mujeres y niñas en riesgo está creciendo debido al confinamiento, y ese riesgo es significativamente alto", señaló. "Es difícil trasladarlo a los campos de refugiados, pero es muy probable que la violencia doméstica o el riesgo para los menores sean mayores. Probablemente, tendremos datos más precisos en el futuro, pero podemos decir que el impacto del coronavirus es especialmente dramático en los vulnerables".

A Triggs se le recordó que los gobiernos adoptaron medidas restrictivas como el confinamiento y se le preguntó si creía que tuvieron en cuenta la situación de los refugiados al tomar estas decisiones.

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"Los gobiernos son conscientes, en muchas situaciones se preocuparon por sus poblaciones mientras que para los más vulnerables, los servicios parecen más disminuidos". Por ejemplo, la abogada indicó que "se cerraron los refugios para las mujeres que huyen de la violencia doméstica. Incluso, los servicios sociales para estas mujeres dejaron de estar disponibles a consecuencia directa de la pandemia. No estoy sugiriendo que sea una cuestión de mala fe, pero sí digo que estamos inquietos por las mujeres en estas circunstancias tan severas".

¿Cuáles son los riesgos?

"Los que mantienen el hogar, típicamente el hombre, están perdiendo sus empleos. Los refugiados suelen trabajar en empleos informales y esos son los primeros en desvanecerse cuando hay problemas. Estamos viendo un impacto muy grave en la calidad de vida y en la integración de estas personas en sus comunidades", señaló. "Como consecuencia, comienza a haber estrés en las familias confinadas, con un incremento de violencia y puede desembocar en prostitución y explotación sexual".

Según la abogada, a lo largo del mundo el número de casos de violencia doméstica, de violencia en el seno familiar, está creciendo. "En Francia, en torno al 30 % o en Ecuador en torno al 70 %, cifras muy elevadas."

Si esto está ocurriendo en la población en general, "es muy posible que también sea muy alto entre los refugiados. Cerca de 41 millones de personas están desplazadas en África, Latinoamérica, Oriente Medio, Siria, y hay entre 20 y 22 millones de refugiados. Es posible que muchas mujeres y niñas ya estén sufriendo este tipo de abusos, violencia y explotación".

Debido al brote de coronavirus, muchas fronteras se cerraron y se limitó la libertad de movimiento, poniendo en una peor situación a los refugiados.

"160 países han cerrado sus fronteras, casi la mitad de ellos totalmente, sin excepciones para quienes huyen de la violencia y la discriminación", recordó Triggs. "Un ejemplo es la región de Idlib, en Siria, donde cerca de un millón de personas se agolpan en la frontera con Turquía. Es posible que en algunos países haya una falta de acceso a la ayuda humanitaria y a los servicios médicos".

¿Cuál sería la solución?

Lo que ACNUR pide a los gobiernos es incluir a las poblaciones refugiadas en sus programas nacionales, aunque "muchos países ya lo están haciendo".

Por lo tanto, le piden "que vayan al siguiente nivel. Deben tener derecho al trabajo, estar protegidos por la ley, recibir ayudas, los niños deben ser escolarizados y disponer de otra serie de servicios sociales".

"Si esas personas son incluidas en los sistemas nacionales, no solo es una forma más segura de gestionar la pandemia; también es una respuesta humanitaria hacia esas personas que de otra forma quedarían aisladas y excluidas de la sociedad", señaló. "Es un riesgo que alguien en la sociedad argumente que los refugiados y desplazados son vectores de la enfermedad, que portan el virus".

Y es que esa "criminalización" de los migrantes ya se ha visto en varios países en sus movimientos más conservadores. Por este motivo, le preguntaron a la abogada cómo se podría minimizar el debate entre la protección de los ciudadanos y el derecho de los extranjeros.

"Puedes proteger los sistemas de salud pública y respetar al mismo tiempo los derechos de las leyes de asilo y refugio. Seamos prácticos, los movimientos de personas hacia las fronteras para pedir asilo suponen un riesgo por COVID-19. Todos los países tienen el derecho de insistir quizás en la cuarentena, incluso en hacer análisis especiales, todo esto es razonable en estas circunstancias. Pero lo que pedimos es que en lo que respecta a los derechos fundamentales como pedir asilo, huir de conflictos, se mantenga".

"Vamos a ver un mundo distinto cuando la crisis termine. Tenemos esperanza en que los países entiendan que hay que conservar los derechos humanos de todos, y en particular para los refugiados", indicó.

La comisionada de la ACNUR señaló que en estos momentos hay un gran número de personas extremadamente vulnerables entre las poblaciones refugiadas: con alguna discapacidad, ancianos, niños.

Sin embargo, al igual que en muchos desafíos globales anteriores, son las mujeres y las niñas las que más sufren. "Confío en que cuando pase esto, intentemos con más fuerza que nunca abordar estas cuestiones: la desigualdad y que las mujeres puedan tener un mayor control del que muchas tienen en todo el planeta".