15 minutos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este miércoles nula la reforma del estatuto por el que el Parlamento, liderado por el opositor Juan Guaidó, extendió por un año sus funciones, y ordenó a la Fiscalía investigar las conductas de “tipo delictivo” presuntamente cometidas por los diputados.
En una nota de prensa, el máximo tribunal informó sobre la publicación de una sentencia que declara “írrita” la reforma. Considera que la misma fue emanada de un grupo de diputados que “usurpan” la junta directiva del Parlamento y que, además, simularon una sesión parlamentaria.
El magistrado “Juan José Mendoza Jover, declara írrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación realizada por los diputados que usurpan las funciones de la Junta Directiva del Órgano Legislativo Nacional, con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura” de diputados, dice el texto.
Sala Constitucional del TSJ declaró nula la presunta “Reforma Parcial del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” https://t.co/kIeyg3cepu pic.twitter.com/xZnx6Ztj3X
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) December 30, 2020
La decisión del tribunal llegó después de que un grupo de diputados, que abandonaron las filas de la mayoría opositora interpusieran un recurso contra la extensión por un año del actual Parlamento.
La sentencia señala que la decisión del Parlamento busca “atentar o menoscabar la instalación de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el nuevo período constitucional 2021-2026”.
Añade que el desconocimiento “de carácter interno o externo, de un proceso electoral convalidado expresamente y avalado por el poder electoral, es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico“.
Investigación
Asimismo, ordenó a la Fiscalía investigar “penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley”.
También ordenó a la Contraloría General de la República “evaluar, determinar y cuantificar los daños materiales, patrimoniales causados al patrimonio público, incluso los que pudieran derivarse del lucro cesante, causados por las actuaciones llevadas a cabo” por el Parlamento en ejercicio.
En ese sentido, pide a la Contraloría remitir “sus resultas a los órganos correspondientes, para la determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan”.
El estatuto de transición
El Parlamento venezolano aprobó el sábado pasado extender por un año sus funciones en una sesión parlamentaria virtual. Durante la misma acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019.
“La continuidad constitucional será ejercida (…) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021″, dice el texto promulgado por la Cámara.