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Fuerzas policiales cometieron 200 asesinatos en Venezuela en lo que va de 2021, según misión de la ONU

Se han documentado al menos 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias desde septiembre

María Valiñas, presidenta de la misión, presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos (Cortesía Twitter @UN_HRC)

15 minutos. Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde comienzos de 2021, denunció este miércoles la Misión Internacional de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.

La portuguesa María Valiñas, presidenta de la misión, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la evolución de las libertades fundamentales en Venezuela desde que presentara su primer informe, el pasado septiembre. Señaló que la represión contra toda voz crítica sigue sin remitir.

Ejecuciones y elecciones injustas

Sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, una práctica que ya denunció la misión de la ONU hace medio año, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se lanzó en el barrio caraqueño de La Vega, "una de las más letales hasta la fecha", en la que participaron 650 agentes y se perpetraron varios asesinatos.

En su informe, la jurista recordó que el 6 de diciembre el país celebró unas elecciones parlamentarias "injustas y carentes de libertad" mientras "el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar".

Citó en este sentido ejemplos como la detención el 25 de febrero del parlamentario Gilberto Sojo, en relación con acusaciones de terrorismo. También se refirió al proceso penal contra el exmiembro de la Asamblea Nacional Juan Requesens, acusado de delitos como intento de homicidio contra Nicolás Maduro.

"Nos preocupa que su juicio se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente", subrayó Valiñas. Asimismo, citó que se mantienen procedimientos penales en más de dos tercios de las 110 detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares ya documentadas en el anterior informe.

Los retrasos en esos procesos han causado "daños graves y en algunos casos irreparables", aseguró la presidenta de la misión. Citó en este caso el ejemplo del indígena Salvador Franco, fallecido en enero tras más de un año en prisión preventiva, y que no recibió atención médica adecuada durante ese cautiverio.

Agregó que continúan "profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo".

Nuevas detenciones arbitrarias

La funcionaria también destacó que se han documentado al menos 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias desde septiembre, algunas de ellas con motivación política, y nueve de ellas contra periodistas.

Valiñas también mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales. Esto a la par del endurecimiento de los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas ONG por parte del régimen.

Como ejemplo, hizo alusión a la detención del coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad en noviembre, o la de 6 miembros de la ONG Azul Positivo en enero.

La portuguesa denunció asimismo que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 más de 20 personas fueron detenidas en Venezuela por "compartir información o criticar la respuesta del Gobierno a la pandemia".

Imposibilidad de entrar al país

Valiñas recordó que el régimen de Nicolás Maduro sigue sin permitir la entrada al país a la misión. Esta está conformada por ella, el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils. Asimismo, aseguró que "negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos en riesgo".

Recordó que el propio Maduro participó en la inauguración de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado 22 de febrero. Al respecto, afirmó que " mientras lo hacía, él y su Gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión".

La Misión Internacional fue aprobada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa de varios países latinoamericanos del llamado Grupo de Lima. En septiembre de 2020 determinó que algunas violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro "constituyeron crímenes de lesa humanidad".

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