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Comisión Delegada reconoce deudas con firmas que han representado a Venezuela en juicios para defensa de activos

Se refiere a deudas sostenidas durante los años 2019 y 2020 por un monto de US$ 18.749.681,49

Solicita a Procuraduría Especial un Informe con el presupuesto de gastos para el año 2021 (Cortesía www.asambleanacionalvenezuela.org)

15 minutos. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela liderada por Juan Guaidó, aprobó este martes un acuerdo que reconoce las deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados, en juicios relacionados con la defensa, protección o recuperación de activos.

El acuerdo se refiere a deudas contraídas durante los años 2019 y 2020 por 18 millones 769 mil 681 dólares (US$ 18.749.681,49), según informó la AN.

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El diputado por el occidental estado Mérida, Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, presentó el referido Acuerdo. El mismo ordena al Consejo Nacional de Defensa Judicial y exigir a la Procuraduría Especial de la República subsanar los errores procedimentales en la contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes de la Republica y estableciendo montos de los mismos, apegados al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional.

Asimismo, establece que cualquier requerimiento de recursos adicionales se haga a partir de una extensión del contrato autorizada por el Consejo Nacional de Defensa Judicial.

Informe sobre litigios

También pidió un informe sobre las posibilidades de obtener decisiones favorables en los litigios en tribunales extranjeros relacionados con la defensa de activos.

Dicho informe deberá contener los lineamientos estratégicos generales de la defensa judicial y extrajudicial de los derechos e interés del Estado venezolano en el extranjero.

Según la comunicación, el acuerdo solicita a Procuraduría Especial un Informe con el presupuesto de gastos para el año 2021. Además, insta a la designación de una Comisión para revisar la situación de los litigios. Esta trabajaría conjuntamente con el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Procuraduría Especial y las las juntas ad-hoc involucradas.

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