15 minutos. Un tribunal de Cabo Verde rechazó formalmente el cumplimiento de un fallo de una corte africana que ordenaba a este país a sacar de prisión al empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, para colocarlo en un régimen de arresto domiciliario.
La Corte de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, se negó a acatar la orden del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la que pertenece Cabo Verde.
El Tribunal de Justicia dictaminó el 30 de noviembre que este país insular de África occidental debe poner de inmediato bajo arresto domiciliario a Saab.
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Este se encuentra detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio a petición de Estados Unidos (EEUU). El país norteamericano solicitó su extradición por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
El empresario alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido.
En este sentido, el Tribunal de la CEDEAO pidió que se le conceda la detención domiciliaria para tener acceso a su familia, doctores y abogados.
Falta de competencia para obligar a Cabo Verde
Esta corte, con sede en Abuya (Nigeria), ordenó a Cabo Verde aliviar el encarcelamiento de Saab. Esto luego de estimar que la Justicia del país africano “actuó fuera de su jurisdicción”.
Sin embargo, la Corte de Barlavento afirmó este martes que el Tribunal de la CEDEAO “no tiene competencia para obligar al Estado de Cabo Verde al cumplimiento de sus decisiones”.
El tribunal africano tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales. Esto sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.
Pero la Corte de Barlavento sostiene que Cabo Verde “no firmó, ni mucho menos ratificó, el Protocolo de 2005, que atribuye competencias al Tribunal de la CEDEAO sobre cuestiones relativas a la violación de derechos humanos”.
Preocupación de Venezuela
La decisión de la corte caboverdiana se conoció después de que los abogados de Saab instaran al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a cumplir la orden del tribunal africano.
Los letrados amenazaron incluso con “pedir al órgano competente de la CEDEAO que imponga sanciones a Cabo Verde por no cumplir con sus obligaciones”.
Dos días después, el Gobierno de Venezuela, que sostiene que el empresario tiene la nacionalidad venezolana, expresó su “preocupación” por la demora de las autoridades de Cabo Verde para poner en arresto domiciliario al supuesto testaferro de Maduro.
El Tribunal de la CEDEAO también admitió la condición de Saab como “enviado especial” de Venezuela. La defensa usa ese argumento para alegar que su arresto es ilegal porque “tenía derecho a la inviolabilidad personal” debido a ese estatus.
El Gobierno y un tribunal caboverdianos aprobaron la extradición de Saab, si bien la defensa apeló contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.
