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Suicidio de Márquez, caso extremo entre chavistas juzgados en España

El exdirectivo de PDVSA estaba siendo Investigado por blanqueo de dinero

Asimismo, figuran en el caso Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España, Antonio Ledezma (Archivo)

15 minutos.  El suicidio del exalto cargo de la petrolera PDVSA Juan Carlos Márquez en Madrid ha puesto en relieve el destacable número de venezolanos vinculados con el Gobierno de Hugo Chávez que están siendo juzgados en España por lavado de dinero.

A estos venezolanos afincados en España se les investiga sobre todo por delitos de blanqueo de capitales procedentes en gran parte de la petrolera estatal, que fueron sustraídos durante la época en que Chávez estaba en el poder. 

El informe preliminar de la autopsia dado a conocer este martes concluye que Márquez, que fue encontrado el pasado domingo ahorcado con su cinturón, se suicidó, según señalaron a Efe fuentes jurídicas. 

Márquez fue detenido el pasado jueves en el aeropuerto de Madrid tras aterrizar en un vuelo procedente de Panamá en el marco de una investigación de una trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y sobre la que estaba ofreciendo colaboración a la Audiencia Nacional. 

Su cuerpo fue hallado el domingo en su despacho de la consultora Alcander S.L., situado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes (al norte de la capital). 

En la oficina también se halló una carta de despedida que los investigadores analizan ya a fin de determinar si la escribió el propio Márquez. 

Fuentes jurídicas indicaron a Efe que el exalto cargo de la petrolera venezolana, de 48 años y con hijos menores, fue puesto a disposición del juez de la Audiencia nacional Santiago Pedraza, a quien contestó de forma colaborativa a algunas preguntas y mostró su disposición a aportar más información y seguir colaborando con la justicia española.  

Quedó en libertad con la retirada de sus dos pasaportes -español y venezolano- y debía comparecer este lunes ante el magistrado José de la Mata en sustitución de Pedraz. Como no compareció, el juez pidió información a la Policía ante las sospechosas de su muerte. 

Fue el domingo cuando se halló su cuerpo en la oficina de la consultora Alcander S.L., cuyo objeto social es la consultoría en el ámbito de los hidrocarburos y materias primas. 

Márquez, según señalaron a Efe fuentes próximas a la investigación, estaba trabajando en su despacho junto a su socio. En un momento de la mañana el socio se marchó de la oficina pero se citaron para verse después y comer juntos. 

El exalto cargo de Chávez permaneció en el despacho ultimando unas gestiones, según el relato de su socio, quien tiempo después le envió varios mensajes de wasap y le hizo llamadas. Como no recibió respuesta, decidió volver a la oficina. 

No pudo abrir la puerta al encontrarse atrancada con algún objeto y llamó a la Policía, que se personó en el lugar junto con los servicios sanitarios.  

Juan Carlos Márquez estaba colgado de su cinturón por la parte interior de la puerta de entrada y aunque intentaron reanimarle, los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. 

Además de encontrar restos de sangre en el pecho y en la cabeza, los agentes hallaron sobre la mesa del despacho una carta manuscrita en la que se manifiesta su deseo de quitarse la vida y que está siendo analizada por los investigadores para determinar si la escribió el propio Márquez. 

En la oficina también se encontró su teléfono móvil, su cartera y dos manojos de llaves. 

A Márquez, que fue directivo de PDVSA, se le investigaba dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares. 

Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos junto a Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados. 

En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela. 

Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados.

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