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Saab pidió a Cabo Verde cumplir la orden del Tribunal que permite visita de su familia

La carta se publicó después de que el pasado martes su equipo legal pidiera al Tribunal de Apelaciones de revisar y archivar su causa de extradición a Estados Unidos

Sus abogados ya denunciaron la semana pasada que las autoridades caboverdianas se niegan a expedir visados a su esposa y sus dos hijas, a pesar de que lo permite el citado tribunal (Wikipedia)

15 minutos. El empresario colombiano Álex Saab, pidió este jueves el cumplimiento de una orden judicial que permite a su familia visitarle en Cabo Verde. Lugar en el que está detenido a petición de Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero.

Esta solicitud de Saab está plasmada en una carta divulgada por sus abogados y dirigida al pueblo de Cabo Verde.

El Tribunal de Apelaciones de Barlovento, en la isla de San Vicente, "ha dictaminado que mi familia puede permanecer conmigo mientras estoy bajo arresto domiciliario restrictivo", afirmó Saab.

"No puede haber excusa para el retraso en la expedición del visado de mi familia", señaló en la misiva

"En el caso del visado para mi familia, el Gobierno de Cabo Verde afirma que su presencia en el país 'ejerce una presión indebida sobre el sistema legal', mientras que la Policía habla de 'preocupaciones de seguridad'", alega el empresario.

"Por mucho que lo intente, no puedo ver qué amenazas concretas pueden representar para el sistema judicial de Cabo Verde mi esposa y mis hijas, de 4 años y 18 meses, pueden representar", argumenta.

Sus abogados denunciaron la semana pasada que las autoridades caboverdianas se niegan a expedir visados a su esposa y sus 2 hijas, a pesar de que lo permite el tribunal.

Exige cumplimiento

Saab también recordó que el mismo tribunal ordenó el pasado 31 de agosto su traslado desde la isla de Sal, donde se encuentra bajo arresto domiciliario, a la capital caboverdiana, Praia, para recibir atención médica especializada ante el deterioro de su salud.

"Resulta que siete semanas después, casi dos meses después, sigo detenido en Sal, mientras mi salud se deteriora gradual e irremediable", subraya.

"En resumen, estamos ante dos decisiones judiciales claras y objetivas a las que las autoridades políticas y policiales de Cabo Verde se oponen", concluye. Agrega que se trata de "dos negativas incomprensible y absolutamente ilegales".

Maniobras legales en Cabo Verde

La carta se publicó después de que el pasado martes su equipo legal pidiera al Tribunal de Apelaciones que revise y archive la causa de su extradición a EEUU.

El pasado 8, la defensa también informó de que presentó una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde de aprobar este septiembre la constitucionalidad de su extradición.

El TC dio la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, y al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían autorizado la entrega de Saab.

Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega han resultado fallidos ante la Justicia caboverdiana.

El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 haciendo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal. Atendiendo a una petición de EEUU cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseguró que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente del Gobierno", que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde. Sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

El nombre del empresario, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana, Luisa Ortega, lo acusó en 2017 de ser testaferro de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL). Empresa acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.

El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares", según las autoridades estadounidenses

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