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Régimen de Maduro aseguró que España violó la Convención de Viena con la marcha de López

La Cancillería venezolana dijo que el Estado cumplirá "con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias"

El político se encontraba en la residencia del embajador español en Caracas desde abril de 2019, tras abandonar su arresto domiciliario (Cortesía Twitter @dsmolansky)

15 minutos. El régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela denunció este domingo que España violó la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, al permitir la salida del país del líder opositor, Leopoldo López. El político se encontraba en la residencia del embajador español en Caracas desde abril de 2019, tras abandonar su arresto domiciliario.

"Venezuela denuncia el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por parte del Reino de España". De esta forma, lo recoge un comunicado de la Cancillería en nombre del Ejecutivo de Maduro.

En dicho mensaje, señala que hubo "una inédita y continua violación" de dicha convención. El delito "se remonta, al menos, al año 2017" y ha sido protagonizado "en territorio venezolano directamente por el embajador español", Jesús Silva.

El régimen recuerda que Silva fue expulsado el 25 de enero de 2018 "como consecuencia de reiteradas intromisiones en asuntos internos". Posteriormente, "se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese mismo año". Específicamente, "bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales".

Silva hizo diplomacia "sesgada"

"Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la Justicia venezolana", añade el comunicado.

López entró como huésped a la residencia del embajador tras participar en un fallido levantamiento militar junto a Juan Guaidó el 30 de abril de 2019. Ese día, abandonó el arresto domiciliario en que se encontraba.

En este sentido, el régimen de Maduro asegura que "el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación de España se comprometieron en diversas oportunidades a no permitirle el accionar político" desde la residencia a López. A este lo consideran "prófugo golpista".

Sin embargo, dicen que "desde el interior de la residencia diplomática española, bajo el conocimiento del embajador Silva, a principios de 2020, López planificó la operación mercenaria denominada Gedeón".

Ese operativo consistió en 2 fallidas incursiones en las que participaron medio centenar de exmilitares y expolicías venezolanos, así como 2 contratistas militares estadounidenses, ambos exboinas verdes.

Según el régimen chavista, esa operación tenía como fin matar a Maduro. Asimismo, buscaba "sembrar violencia y desestabilización en el país".

Organizó la salida

En opinión de las autoridades venezolanas, "hoy es, a todas luces verificable, que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano" de López.

Asimismo, califica esa acción como "inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral histórica entre las 2 naciones".

"De esta manera, el Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio". Lo hacen "sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia".

Finalmente, Venezuela considera que "la práctica antidiplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela". A su juicio, "en claro desapego a los principios más elementales del Derecho Internacional Público, dejará una mancha profunda e indeleble".

"Por último, vale la pena subrayar que las instituciones del Estado venezolano cumplirán con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias". También "establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos". Se valdrán "de las leyes venezolanas e internacionales y a la garantía del debido proceso", concluye el comunicado.

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