15 minutos. La Fiscalía de Brasil reprobó este martes unas declaraciones del presidente, Jair Bolsonaro, con las que puso en duda la desaparición y muerte de un preso político durante la dictadura militar.
Bolsonaro desató la polémica tras comentar la actuación de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), que es dirigida por Felipe Santa Cruz, a cuyo padre lo asesinaron los agentes de la dictadura.
Afirmó que “si el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el periodo militar” le contará.
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La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, rechazó en un comunicado público las declaraciones de Bolsonaro sobre Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira y condenó su postura “no solo por la fricción con el decoro ético y moral” sino también por “sus implicaciones jurídicas”.
“Esta declaración está revestida de enorme gravedad, no solo por el decoro ético y moral esperado de todos los ciudadanos y de las autoridades públicas, sino también por sus implicaciones jurídicas”, destacó la institución en la nota.
Las causas
El mandatario justificó sus afirmaciones con lo que llamó de su propia “vivencia” de los hechos.
En su entendimiento, el padre del presidente de la OAB habría desaparecido después de que integrara un grupo “terrorista”, “violento” y “sanguinario”.
Sin embargo, el certificado de óbito de Santa Cruz, que conforma un extenso informe elaborado por la Comisión de la Verdad atesta que el padre del dirigente de la OAB fue víctima de una muerte “violenta” y “causada por el Estado” y su “persecución sistemática y generalizada a la población identificada como opositora política del régimen dictatorial”.
En su nota pública, la Fiscalía recordó que el informe de la Comisión de la Verdad es un “documento legal” producido para “aclarar hechos que contaban con versiones conflictivas”.
La institución resaltó además que cualquier autoridad pública, “y en especial el Presidente de la República”, está “obligada” a revelar cualquier información que tenga sobre las circunstancias de una “desaparición forzosa o el paradero de la víctima”.
“Además de tratarse de un comportamiento ético y moral esperado de cualquier ciudadano y especialmente de un agente del Estado, es un deber jurídico, susceptible incluso de sanción en caso de incumplimiento”, recalcó el comunicado.
Por su parte, la Orden de los Abogados de Brasil divulgó una nota pública de repudio, en la que expresó que todas las autoridades del país “deben obediencia a la Constitución Federal”, que tiene entre sus fundamentos la “dignidad de la persona humana” y que incluye el “respeto a la memoria de los muertos”.
Exigen respeto
Según resaltó la OAB, el cargo de mandatario de un país “exige” que este sea ejercido “con equilibrio y respeto a los valores constitucionales”, por lo que “está prohibido atentar contra los derechos humanos”, incluidos “los derechos políticos, individuales y sociales”.
Preguntado la mañana de este martes por los documentos oficiales sobre muertos y desaparecidos compilados por la Comisión de la Verdad, Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, expresó que se tratan de “falacias” y cuestionó la legitimidad del comité.
“Nosotros queremos desvelar crímenes. La cuestión del 64 (año en que tuvo inicio la dictadura militar), existen documentos de que han matado, que no han matado. Todo eso es una falacia”, dijo el presidente en declaraciones a la prensa.
