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¿Qué implicaciones tendrá? FARC se atribuyó el magnicidio de Gómez Hurtado tras 25 años

Al declararlo como crimen de lesa humanidad en 2017, se evita la posibilidad de que prescriba la investigación

El presidente, Iván Duque, aseguró que han sido "25 años pidiendo justicia" (EFE/Presidencia de Colombia)

15 minutos. La antigua guerrilla de las FARC sorprendió este sábado al atribuirse el asesinato del político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, crimen que hace 25 años estremeció a Colombia y que hasta hoy sigue en la impunidad.

"A pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho", dijeron jefes de la antigua guerrilla en un comunicado.

Los firmantes del documento reconocieron que al excandidato presidencial, tiroteado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, lo consideraban como "un objetivo militar".

Además, aseguraron que no pretenden escudar su responsabilidad, sino que desean "que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan la verdad". Por ello, explicarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad por qué decidieron callar este hecho tantos años.

Crimen de lesa humanidad

Al asesinato de Gómez Hurtado, de 76 años de edad, candidato presidencial en 3 oportunidades, las 2 primeras (1974 y 1986) por el Partido Conservador, y la última en 1990 por el Movimiento de Salvación Nacional, lo declararon como crimen de lesa humanidad en 2017, lo que evita la posibilidad de que prescriba la investigación.

La atribución de ese homicidio la firmó el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos mandos de la guerrilla.

"Reconocemos que se trató de un error asesinar a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos", dijeron.

Este sábado, la JEP anunció que las FARC prometieron verdad sobre los asesinatos de los exguerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey (2002); del exconsejero, Jesús Antonio Bejarano (1999); del exministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes (1998); y del exrepresentante a la Cámara, Pablo Emilio Guarín (1987).

Aportes a la verdad

El reconocimiento de las FARC levantó fuertes reacciones, empezando por el presidente Iván Duque, quien aseguró que han sido "25 años pidiendo justicia".

"Hace 25 años yo estaba en la universidad y me tocó escuchar las metrallas asesinas que acabaron con la humanidad de uno de los más grandes colombianos, de Álvaro Gómez Hurtado", manifestó Duque en un pronunciamiento. En este mismo cuestionó que las FARC se atribuyan el crimen 2 décadas después cuando, dijo, gozan de beneficios jurídicos en la JEP.

"Algunos miembros se han atribuido ese hecho y (dicen) que van a decirle eso a la JEP. Que la justicia cumpla con su tarea, pero que no vaya a permitir que se trate de obstruir la verdadera responsabilidad detrás del asesinato", subrayó.

Según el mandatario, ese reconocimiento "no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones". Por ello, advirtió a la justicia que debe contrastar la información de las FARC con las versiones de la familia de Gómez.

"Si alguien se lo atribuye y no corresponde a la verdad, está cometiendo un delito para obstruir la justicia de nuestro país. Que la justicia haga lo que tiene que hacer, que oiga los testimonios que tenga que oír pero que cotejen cómo son las circunstancias", agregó.

Manto de impunidad

Durante 25 años, las autoridades colombianas investigaron el asesinato de Álvaro Gómez, uno de los homicidios que más han estremecido al país.

El asesinato de Gómez se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, que por entonces estaba inmersa en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual el político conservador era un severo crítico.

Precisamente, a Samper lo acusó en 2007 el exministro de Defensa e hijo del famoso pintor y escultor del mismo nombre, Fernando Botero Zea. Este aseguró que asesinaron a Gómez Hurtado para tapar el escándalo que sacudió al mandatario cuando se involucró con narcotraficantes del cartel de Cali.

Desde entonces, una de las tesis más fuertes sobre el magnicidio es que a Gómez lo asesinaron por negarse a hacer parte de una conspiración que buscaba sacar a Samper del poder, como lo aseguró en febrero de este año el mismo expresidente en una comparecencia voluntaria ante la Comisión de la Verdad.

En esa diligencia Samper reconoció que pese a que Gómez Hurtado era su rival político, al mismo tiempo era su "amigo personal" y recordó que gestionó la libertad del político conservador cuando fue secuestrado en 1988 por la entonces guerrilla del M-19.

Otros crímenes

Los miembros del antiguo Secretariado de las FARC también ofrecieron verdad por los asesinatos de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez, este último hermano del excomandante de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro.

En cuanto al exconsejero de Paz, Jesús Antonio Bejarano, quien participó en las negociaciones de paz con las FARC que tuvieron lugar en Caracas y Tlaxcala (México) a comienzos de la década del 90, fue perpetrado el 15 de septiembre de 1999 en la Universidad Nacional en Bogotá.

El homicidio del general retirado Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa en el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se perpetró en su casa en Bogotá el 12 de mayo de 1998.

Finalmente, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, asesinado el 15 de noviembre de 1987 en una carretera cerca de Bogotá, fue un dirigente político de la localidad de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, donde en los años impulsó la creación de grupos paramilitares que sembraron el terror en la región del Magdalena Medio.

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