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Preso en su casa el séptimo aspirante presidencial opositor de Nicaragua

Entre la larga lista de acusaciones figura "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización"

La Policía basó su acusación citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (EFE/Jorge Torres)

15 minutos. El aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición Noel José Vidaurre Argüello, de 66 años, fue puesto este sábado bajo custodia policial. Lo investigarán por supuesta traición a la patria, informó la Policía Nacional.

Vidaurre, un veterano político conservador, se convierte en el séptimo aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición que aprehenden a menos de 4 meses de las elecciones. El presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, buscará una nueva reelección.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, informó que iniciaron una investigación contra Vidaurre y el comentarista político Jaime José Arellano Arana. Vidaurre es precandidato a la presidencia de Nicaragua por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).

"Ambos permanecen en sus casas de habitación, bajo custodia policial", indicó.

A la orden de Fiscalía

Tanto a Vidaurre como a Arellano se les investiga "por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación". De igual forma, por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares".

También por "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización". Asimismo, por "proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones".

Además, por "demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos". Incluso, por "lesionar los intereses supremos de la nación".

La Policía basó su acusación citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Dicha ley la aprobó con carácter urgente la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre.

Esa polémica ley, que se promovió desde el Ejecutivo, cataloga a los "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

La Policía Nacional dijo que "realiza todas las diligencias investigativas pertinentes". Igualmente, los remitirá "a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales".

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