15 minutos. La ONU pidió este martes respeto a la Constitución, el estado de derecho y la separación de poderes para proteger la democracia de El Salvador, después del fallo de la Sala de lo Constitucional del Supremo que habilita la reelección presidencial.
Esa decisión abre la posibilidad al presidente Nayib Bukele de competir por un segundo mandato en 2024.
Esto después que, en mayo, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, reemplazara a los jueces constitucionalistas, con los que Bukele se enfrentó en diversas ocasiones.
Farhan Haq, portavoz de la ONU, recordó que ese movimiento “ya planteó preocupaciones sobre el impacto en la independencia de los jueces” y en el sistema de controles y contrapesos entre las distintas ramas del poder.
“El secretario general reitera sus llamamientos a respetar las provisiones constitucionales, el estado de derecho y la separación de poderes con el fin de preservar los progresos democráticos logrados por el pueblo salvadoreño desde la firma de los acuerdos de paz de 1992”, dijo Haq en nombre del jefe de Naciones Unidas, António Guterres.
Reelección presidencial en El Salvador
La Sala de lo Constitucional revirtió el pasado viernes una interpretación de la Carta Magna de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los siguientes 10 años tras dejar el cargo.
Esto abre la vía para que Bukele compita por la reelección en 2024, pues con el criterio anterior debía esperar hasta 2034.
Diversas voces, incluido el Gobierno de Estados Unidos, señalan que los jueces de la Sala de lo Constitucional nombrados el 1 de mayo pasado son “leales” al Ejecutivo de Bukele.
En dicha fecha, la Asamblea Legislativa, cesó a los jueces constitucionalistas con los que Bukele se había enfrentado en diversas ocasiones, medida criticada por la comunidad internacional.
Entre los 5 jueces nombrados se encuentran un exasesor del Gobierno de Bukele y un abogado del director de la Policía Nacional Civil (PNC).
Acercamiento de El Salvador a dictaduras del siglo XXI
Una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica se pronunció en contra de la posibilidad de reelección presidencial en el Salvador.
Urgió a la OEA y la ONU frenar este “atentado” contra la democracia que acerca al país a las “dictaduras del siglo XXI”.
Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) instaron “a los organismos multilaterales competentes, a la misma ONU y a la OEA, disponer de sus competencias estatutarias para que el Estado salvadoreño regrese a la senda de la experiencia efectiva de la democracia”.
Mostraron así “su grave preocupación por la deriva que toman las realidades políticas en El Salvador y le aproximan a las experiencias de las llamadas dictaduras del siglo XXI”.
Los exjefes de Estado urgieron a las organizaciones multilaterales intervenir para que el país centroamericano “restablezca, lejos de los fraudes constitucionales y convencionales, las reales garantías de los derechos humanos para todos los salvadoreños”.
Reglas que limiten el poder
En una declaración firmada, 23 exmandatarios, entre ellos Alfredo Cristiani, de El Salvador, agregaron que el proceso democrático, “requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías”.
“Las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentren ejerciendo el poder político”, precisaron.
Los expresidentes rechazan así que se reescriba “la Constitución por vía judicial a objeto de disponer la figura de la reelección presidencial”.
Recordaron que la Asamblea Legislativa salvadoreña procedió a la destitución de los jueces constitucionales el pasado 1 de mayo.
Considera que el país “ha obviado y se ha separado, abiertamente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuyo tenor ‘el cese masivo de jueces, particularmente de Altas Cortes, constituye no sólo un atentado contra la independencia judicial sino también contra el orden democrático'”.
La declaración de IDEA fue suscrita también por los expresidentes Vicente Fox, Rafael Ángel Calderón y Felipe Calderón (México), Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).
De igual forma, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y José María Aznar (España) y Mauricio Macri (Argentina).
