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Fiscalía pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori

El caso está en manos del Poder Judicial, donde un juez realizará el control de la acusación y decidirá finalmente si se abre juicio oral por este caso

Las acusaciones contra Fujimori también se extienden a su marido Mark Vito y a varios de sus colaboradores más cercanos (El Comercio/Zuma Press/dpa)

15 minutos. Más de 30 años de cárcel por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia es la acusación contra la candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori por ocultar presuntas donaciones ilegítimas de Odebrecht y otras empresas en sus anteriores campañas electorales.

Tras más de cuatro años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez concluyó y presentó este jueves ante la Justicia el informe de su investigación a Fujimori, la hija y heredera política de expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del partido opositor Fuerza Popular (FP).

Las acusaciones formales también se extienden a su marido Mark Vito y a varios de sus colaboradores más cercanos. Al mismo tiempo se extienden al propio partido, para el que solicita que sea "disuelto y liquidado" en caso de resultar condenado por estos delitos.

Este anuncio llega en plena campaña electoral para las elecciones generales del 11 de abril en la que Fujimori y FP están en contienda. Sin embargo, esto supone la culminación del primer paso legal que puede llevar a la condena de la política y su entorno.

Ahora el caso de Fujimori queda en manos del Poder Judicial. Allí, será el juez Victor Zúñiga quien realice el control de la acusación, un proceso que puede demorar meses, y decida finalmente si se abre juicio oral por este caso.

En campaña

La resolución de la Fiscalía, si bien era ampliamente esperada y de hecho exigida por muchos sectores debido a la lentitud de la investigación, cuya última fase formal se demoró 2 años, 4 meses y 11 días, cayó en plena campaña electoral e inmediatamente hizo surgir críticas por su "oportunismo".

Así lo interpretó la propia Fujimori, quien en sus redes sociales indicó que "por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta", ella segurá "enfrentando esta persecución y avanzando con energía" para, junto al pueblo, "superar esta emergencia sanitaria y económica".

De momento, Fujimori y su partido, que en 2016 se quedaron a un puñado de votos de obtener la Presidencia y obtuvieron una abrumadora mayoría absoluta en el Congreso (76 sobre 130 diputados), ahora marchan relegados en las encuestas, con aparentemente pocas opciones para entrar en una hipotética segunda vuelta electoral.

De forma sistemática, Fujimori es la política que concita un mayor rechazo de entre todas las candidaturas.

Ante estas críticas, el fiscal Pérez indicó que como "fiscal que persigue el crimen" está "obligado a acusar" en cuanto culmine su labor.

Largo y complejo

El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular tanto a Keiko como a otros líderes políticos de Perú durante las elecciones de 2011 y 2016.

La empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones ocultadas luego por Fuerza Popular; Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar.

Según la Fiscalía, el partido, bajo la dirección de Fujimori, instituyó un sistema para ocultar el origen de los aportes bajo una contabilidad ficticia. Allí las millonarias donaciones quedaban diluidas en múltiples aportes falsos de personas particulares.

El caso saltó con Fujimori en el apogeo de su poder: su bancada parlamentaria dominaba el Congreso y ejercía una oposición demoledora contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y luego contra su sucesor, Martín Vizcarra.

Fue la anotación "aumentar keiko para 500 e eu fazer visita" (Aumentar 500 a Keiko y hacer visita") que apareció en los cuadernos de Marcelo Odebrecht la que comenzó a desmoronar su posición.

Muchos indicios y vacíos legales

La investigación se formalizó en agosto de 2018. Desde entonces fue acumulando indicios hasta que el fiscal Pérez solicitó, y obtuvo, el ingreso en cárcel provisional de Keiko Fujimori por 18 meses.

Mientras, los aliados de Fujimori en el Congreso y fuera del mismo comenzaron a maniobrar en contra de la Fiscalía. Esto generó un profundo rechazo ciudadano, hastiado de ver cómo la corrupción se cebaba en toda la clase política del país.

Keiko Fujimori pasó en cárcel preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019) y salió tras una apelación. Luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020, esta vez para regresar a la calle a causa del COVID-19.

Su prolongada detención solo sirvió para debilitar su tesis de que ella no cometió nada ilegal, pues cada vez ha sido mayor el goteo de empresarios y antiguos colaboradores que han confesado las maniobras ilícitas que se habrían cometido para ocultar el origen de las donaciones al partido.

En caso de llegar a juicio, la Fiscalía no tendrá fácil lograr una condena contra Fujimori. Y es que ni financiar las campañas electorales con dinero de empresas ni ocultar esta circunstancia eran delito en el momento de los hechos.

Para probar el lavado de dinero, Pérez deberá demostrar que Keiko y su partido eran conscientes que el dinero de las donaciones tenía origen ilícito. Este es el caso de Odebrecht por los sobornos pagados a funcionarios entre 2005 y 2014 en Perú.

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