Castillo solicitó el miércoles desde la cárcel que la Comisión intercediera por sus derechos, mientras que el Gobierno de Boluarte no ha informado de ninguna petición
Al menos 18 personas han muerto en las protestas desde el domingo (EFE/Miguel Gutiérrez)
16 de diciembre de 2022 2:19 PM | Con información de EFE
15 minutos. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Perú del lunes al miércoles de la próxima semana ante la crisis desatada tras la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo.
"La CIDH anuncia que aceptó la invitación formal por parte del Estado para realizar una visita al país". Así lo anunció este viernes en redes sociales la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El organismo precisó que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene "disponibilidad" para visitar Perú del 19 al 21 de diciembre, mientras que prevé otra visita de un relator para el próximo enero.
Castillo pidió el miércoles desde la cárcel que la CIDH intercediera por sus derechos. El Gobierno de la nueva presidenta peruana Dina Boluarte no ha informado por ahora de ninguna petición para una visita del organismo al país.
Boluarte asumió la jefatura del Estado el 7 de diciembre en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento y anunciara la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, a convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.
La nueva mandataria propuso al Congreso adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023. Así pretende atajar las protestas desatadas tras la destitución de Castillo, quien denunció ser víctima de un golpe de Estado.
Al menos 18 personas han muerto en las protestas desde el domingo. Diez de ellas ocurrieron este jueves, en las primeras 24 horas de aplicación del estado de emergencia decretado por Boluarte.
La sala electoral del TSJ se pronunció a raíz de una denuncia interpuesta por el diputado José Brito, que atribuía "actos inconstitucionales e ilegales" a la Comisión Nacional de Primarias