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Partido de Morales y opositores logran acuerdo

El MAS y la Unidad Demócrata decidieron anular la autorización de salvoconductos para quienes hayan cometido delitos

El borrador está llamado a esclarecer la situación política de los diversos actores implicados en la crisis (Martín Alipaz/EFE)

15 minutos. El partido del expresidente boliviano Evo Morales (Movimiento al Socialismo, MAS) y sus opositores llegaron a un acuerdo sobre la Ley de Garantías.

Esta es una norma fundamental para superar la crisis política desatada por las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

La Ley de Garantías tiene como objetivo "garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política del Estado y ratificados en tratados, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos".

El borrador está llamado a esclarecer la situación política de los diversos actores implicados en la crisis. Este incluye el propio Morales y a exmiembros de su Gobierno, por lo que es objeto de una ardua discusión en la Asamblea Legislativa.

Los grupos parlamentarios del MAS y sus rivales, la Unidad Demócrata de la autoproclamada presidente interina Jeanine Áñez y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), llegaron a un acuerdo en el Senado por el cual se eliminarán tres artículos y se modificarán dos.

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Entre los anulados está la autorización de salvoconductos para quienes hayan cometido delitos. "Las altas autoridades del Estado serán juzgados por la Ley 044, los asambleístas tienen la Ley de Inviabilidad, que está en la Constitución, pero los delitos comunes se deben tramitar como corresponden", explicó el senador del MAS, Efraín Chambi.

De los artículos modificados destaca el que fija la finalidad de la ley. Este antes hacía alusión a los derechos fundamentales de diversos colectivos, pero bajo la nueva redacción reconoce los de "los bolivianos y bolivianas y los extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia".

Además, ahora prohíbe "las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias y el hostigamiento judicial". Así como "cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre del 2019".

La Cámara de Diputados ya dio el visto bueno a la versión inicial y se espera que, tras este acuerdo, también lo haga el Senado. En el caso de que no sea así, han avanzado que se enviará al Tribunal Constitucional (TCP).

"Para tranquilidad de todos, si por alguna razón no llegamos a un acuerdo con esta ley, se mandará en consulta al TCP", explicó el líder de UD en el Congreso, Homer Menachoi. "Estamos buscando una ley que pacifique al país", recalcó.

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