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ONU denuncia abusos y violencia en Arco Minero del Orinoco

El informe indica que los "sindicatos" aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos

Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual en la zona (Violaine Martin/EP/DPA)

15 minutos. Los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que causaron al menos 149 muertos desde 2016, denuncia un informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia". Esto por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos".

"A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería", subrayó Bachelet.

Una tiranía en las minas

El informe indica que esos "sindicatos" aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.

Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona. Deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.

Este también detalla las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros. En su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país.

Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna. Además, están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales. A esto se suma hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.

7.000 toneladas de oro

El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro de y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios. En el área se registró un aumento de los casos de malaria no sólo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.

Estos habitantes oriundos y los mineros también sufrieron casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales. Este es altamente tóxico y contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.

El informe denuncia asimismo que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas. También refiere que desde 2016 hubo en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.

Manos amputadas como castigo

Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales. Estos incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.

Algunos de los cadáveres de trabajadores fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación. También señala que, en algunos casos, las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.

Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Deterioro de la justicia

El informe presentado este miércoles al Consejo se centró en la situación en el arco minero. Sin embargo, también repasó otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela. Así, habló del sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento se vio deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas.

La capacidad del poder judicial para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se vio gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad, denunció el informe.

Las dificultades para que el Ministerio Público investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género, subraya.

"Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos ", concluyó Bachelet.

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