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ONU demanda cese "inmediato" del uso de perdigones en Chile

Según INDH, hay 1.778 heridos hospitalizados, de los cuales casi dos centenares padecen lesiones oculares por culpa de estos artefactos

El vicepresidente del Colegio Médico de Chile indicó que no se respeta la distancia de seguridad para disparar proyectiles. (Orlando Barría/EFE)

15 minutos. La ONU denunció este viernes que el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas en Chile constituye una violación "grave" de los derechos humanos y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejen de usar esos proyectiles de manera "inmediata".

"La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad", afirmó el organismo internacional desde su sede en Santiago.

La ONU mostró además su preocupación por "la gran cantidad de muertos y heridos" e hizo un llamado a "alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno".

En observación

La mayoría de las marchas son pacíficas, aunque en las últimas jornadas algunas se tornaron violentas y terminaron con saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, hay 1.778 heridos hospitalizados, de los cuales casi dos centenares padecen lesiones oculares por culpa de los balines y perdigones.

El vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, calificó este jueves la situación de "emergencia sanitaria" y aseguró en declaraciones a Efe que muchos de los heridos necesitarán prótesis de por vida.

"No se ha respetado la distancia de seguridad para disparar proyectiles, apuntó por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida", afirmó el doctor.

El clamor

Las protestas se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.

El presidente chileno, Sebastián Piñera respondió con una agenda social que no convence a los manifestantes e incluye aumento del salario mínimo y rebajas millonarias al sueldo de los parlamentarios.

Varios organismos internacionales enviaron misiones al país para investigar las más de 2.000 denuncias por violación de derechos humanos que manifestantes presentaron contra las fuerzas de seguridad del país.

En ese sentido, la Fiscalía se encuentra investigando a 14 carabineros por presuntas torturas durante el estado de emergencia y la muerte de cinco personas presuntamente a manos de los militares.

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