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ONU concluye que la policía de Perú usó fuerza excesiva durante protestas

Bachelet se mostró preocupada por ciertos "patrones de violencia institucional en el país"

Los dos fallecidos el 14 de noviembre murieron por disparos con perdigones (EFE/Ivan Orbegoso)

15 minutos. La misión de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre de 2020 en Perú concluyó este martes que la Policía "hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza" y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos.

La misión, que llevó a cabo sus investigaciones en Lima del 17 al 22 de noviembre, destacó que los agentes de la policía de Perú no hicieron distinción entre manifestantes pacíficos, que integraban la mayor parte de las protestas, y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.

Derecho de las víctimas

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló, al publicarse los resultados que "el Estado debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición".

Las protestas se iniciaron el 9 de noviembre, por la destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso. Los sucesos más graves se registraron el día 14 de ese mes, que se saldó con dos muertos y casi 200 heridos.

El informe de la oficina de la ONU se basó en entrevistas con víctimas y testigos de esos sucesos ocurridos en Perú. Afirma que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, "de manera indiscriminada y a corta distancia".

Los hechos

Los dos fallecidos el 14 de noviembre murieron por disparos con este tipo de perdigones, que impactaron contra su torso, siempre según el informe.

Bachelet recordó que la fuerza letal solo puede usarse para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Agregó que ese tipo de armas deben ser empleadas únicamente en situaciones donde medidas menos dañinas sean claramente ineficaces para enfrentar una posible amenaza.

La expresidenta chilena indicó que las denuncias de violaciones de derechos humanos en las protestas deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva. Subrayó que en algunos casos las pesquisas preliminares ya se iniciaron.

"El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas, pero es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos", expresó.

Declaraciones autoinculpatorias

El informe también señaló que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron detenciones, contraviniendo las normas internacionales. Asimismo, algunas víctimas denunciaron no haber tenido acceso a asistencia legal o hasta fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias.

Además, "varias personas entrevistadas describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19". Además, 10 de ellas dijeron haber sufrido abusos físicos y otras 8 de tipo psicológico, lo que podría constituir tortura o malos tratos.

La misión recibió información sobre 8 casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres. También hubo denuncias de restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a personas defensoras de derechos humanos que cubrían las protestas.

"Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del Gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos", concluyó Bachelet.

Patrones de violencia

La oficina que dirige pidió a la vista de los resultados del informe enmendar la ley peruana de protección policial de conformidad con las normas y estándares internacionales. Esto incluye el principio de proporcionalidad y derogar la exención de responsabilidad de los policías que causen muertes o lesiones.

Bachelet se mostró preocupada asimismo por ciertos "patrones de violencia institucional en el país". Afirmó que estos se advirtieron en las protestas agrarias de diciembre, donde se registraron al menos 3 fallecidos.

La portavoz de la Oficina de la ONU para los DDHH Liz Throssell subrayó que el Gobierno de Perú cooperó a la hora de facilitar las investigaciones. Agregó que las autoridades conocen los resultados de las pesquisas.

"Esperamos que las recomendaciones del informe ayuden al Gobierno a avanzar", señaló Throssell. Subrayó que aunque las investigaciones sobre los incidentes de noviembre ya comenzaron, algunos familiares de las víctimas se quejaron de los escasos progresos.

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