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EEUU sancionó a fiscal general de Nicaragua

Las medidas también incluyen al secretario para Políticas Nacionales y a la Caja Rural Nacional

Pompeo subrayó que EEUU continuará adoptando este tipo de acciones (Zuma Press/Europa Press/Jesus Hellin)

15 minutos. El Gobierno de EEUU sancionó este viernes a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, a Paul Oquist, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia de ese país, así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por "permitir y beneficiarse de las actividades represivas" del Ejecutivo presidido por Daniel Ortega.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las sanciones a Guido y Oquist. Explicó que estas "promueven la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de aquellos que están intentando promover sus actividades atroces". En cuanto a la designación de la cooperativa Caruna, esta "bloquea otra herramienta" del Gobierno nicaragüense.

Pompeo dijo que se sancionó a la fiscal Guido por "haber ayudado a crear un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional Nicaragüense sancionada por EEUU para inventar casos contra prisioneros políticos".

Asimismo, aseguró que Guido creó una unidad especializada "que ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra manifestantes pacíficos".

En cuanto a Oquist detalló que "juega un papel principal en el encubrimiento y justificación de los delitos del régimen y abusos de derechos humanos".

El secretario de Estado señaló que Caruna es "una cooperativa de ahorros y préstamos que opera como la principal herramienta del régimen de Ortega para canalizar los ingresos procedentes de las argucias concesionarias de petróleo de Nicaragua con Venezuela para usarlo como un recurso para compensar la red patrocinadora de Ortega".

Las sanciones

Pompeo subrayó que EEUU continuará adoptando este tipo de medidas. Afirmó que estas son necesarias "para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que restauren la democracia en Nicaragua".

Con estas sanciones quedan bloqueadas todas las propiedades o activos que tengan los sancionados en EEUU o bajo el control de estadounidenses. También se prohíbe cualquier transacción con ciudadanos de este país.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por su parte, organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por "rompimiento del orden constitucional". De aplicarse, suspendería al país como miembro del organismo.

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