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Mesa: amotinamiento de la Policía de Bolivia es para "sumarse al pueblo y al voto popular"

Mesa denunció que la Policía es "una institución ninguneada, desmerecida, olvidada por el Gobierno de Evo Morales"

Mesa destacó que el Ejército debe respetar su función institucional y constitucional porque "no es un brazo armado" (Laura Núñez/ EFE)

15 minutos. El líder de la oposición boliviana, Carlos Mesa, defendió la decisión de varios contingentes policiales de rebelarse para protestar contra el presidente Evo Morales.

Argumentó que con esta medida optaron por "sumarse al pueblo" y a la defensa del "voto popular".

Policías de las ciudades de Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz se rebelaron este viernes para protestar contra el Gobierno de Morales.

Mesa denunció que la Policía es "una institución ninguneada, desmerecida, olvidada por el Gobierno de Evo Morales".

Destacó que no se trata de un golpe de Estado, sino que la Policía se ha "sumado al pueblo boliviano: No está en disposición de reprimir a sus compatriotas y sí en cambio a sumarse a la defensa del voto popular".

"No se trata de un motín para derrocar a Evo Morales, ni para peticiones particulares de los policías. Se trata de no reprimir al pueblo y de sumarse a la reivindicación democrática del voto popular", insistió.

Ejército no es brazo armado

En cuanto al Ejército, Mesa destacó que debe respetar su función institucional y constitucional.

"No son el brazo armado de un partido político ni son el brazo armado del presidente", indicó.

Recordó la "traumática experiencia relativamente reciente" que en 2003 llevó a decenas de muertos cuando el Ejército fue desplegado para reprimir las protestas a favor de la nacionalización del gas, entonces lideradas por Evo Morales como sindicalista.

"Estoy seguro de que las Fuerzas Armadas, igual que la Policía, no están dispuestas a salir a la calle para reprimir y para matar", subrayó Mesa, quien entonces era vicepresidente.

Mesa reiteró su negativa a la "mentira" del golpe de Estado que denuncia Evo Morales.

"El único protagonista del golpe de Estado es el presidente Evo Morales, cuando decidió hacer un fraude monumental tratando de robarle por segunda vez el voto popular a la gente", añadió.

Salida: nuevas elecciones

Mesa defendió la "movilización ciudadana, democrática y pacífica que está conquistando sus objetivos".

"Nos hemos cansado como comunidad ciudadana de hacer propuestas democráticas y constitucionales. La salida es una nueva convocatoria de elecciones con nuevo Tribunal Supremo Electoral", precisó.

Por último, apeló a los militantes del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

"El Gobierno pretende convocar a masas masistas para que lleguen a la ciudad de La Paz y se produzca un enfrentamiento. No se presenten a la violencia, a generar una confrontación brutal que puede traer consecuencias insospechadas de sangre que no va a resolver lo que el presidente Morales no es capaz de resolver", argumentó.

"Lo que está pasando ahora es el triunfo de la gente en la calle. No respondan a la provocación, no entren al juego de la violencia. Estamos ganando democráticamente esta cruzada por la defensa del voto como el camino de salida democrática que el país requiere", concluyó.

Crisis electoral

Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el principal líder opositor, Carlos Mesa.

Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa denunció un "fraude gigantesco".

Ambos candidatos llamaron a la movilización de los suyos, lo que derivó en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.

En este contexto, Morales accedió a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante.

Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.



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