15 minutos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó este martes que en los últimos 6 meses en Venezuela fueron constantes los allanamientos, las amenazas y la persecución a periodistas que investigan casos de corrupción por parte de altos funcionarios del régimen.
La SIP indicó en su informe provisional -que debe ser aprobado en la reunión de medio año que empezó este martes- que se sumaron también casos de violencia física, amenazas y ataques contra periodistas que cubrían las elecciones regionales y locales de noviembre en Venezuela por parte de autoridades policiales y militares. “Grupos paramilitares armados y organizados por el Gobierno“.
“La confiscación de las instalaciones de El Nacional ocurrió con el descaro de un sistema judicial que no tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Los jueces siguen instrucciones directas de Diosdado Cabello, pasando por encima de cualquier procedimiento legal”, afirmó la organización.
Asimismo, señaló que la demanda penal en contra del medio venezolano nunca llegó a sentencia y se detuvo en la audiencia de conciliación. Sin embargo, “las medidas cautelares se mantienen después de 5 años”.
“El juicio civil que llevó a una sentencia de pago por indemnización de 13 millones de dólares se realizó sin sentencia penal ni justificación del increíble monto final”, añadió.
La SIP apostilló que la acción del Ejército que tomó con “armas largas las instalaciones y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito“.
“Fue irregular la valuación (tasación) de esas instalaciones en 10 millones de dólares para entregarle el edificio a Cabello como propiedad privada”, subrayó.
Violación de los derechos humanos
Recordó que el pasado 7 de febrero se concretó la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello. Fue calificado por el periódico como un “irregular y clandestino remate judicial”. No se publicaron “los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, la hora y el monto mínimo para que los interesados hagan su oferta” y sin la presencia de testigos.
Otra agresión registrada por la SIP fue el bloqueo “sin respaldo judicial, de manera discrecional y absolutamente arbitraria” de portales de medios. Entre otros, de El Nacional, La Patilla y Efecto Cocuyo.
Esto ocurre dándole instrucciones a las compañías telefónicas para que hagan el bloqueo. Se incluyen empresas trasnacionales como Telefónica. “Pasan por encima de sus propios principios de no violación de los derechos humanos“.
El sábado, el director ejecutivo de la SIP Ricardo Trotti aseguró que el panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar. Hay una “agudización de la represión” del periodismo independiente y la “violencia” contra los periodistas.
En estos 6 últimos meses, la situación de la libertad de prensa en la región “no ha hecho más que agravarse”. Una serie de rasgos dominantes en recientes años son la “violencia contra los medios y el asesinato y encarcelamiento de periodistas”, denunció Trotti.
