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HRW exige al Gobierno de México una reforma integral de la Policía

La denuncia de HRW se produce tras una serie de protestas realizadas en junio en respuesta a asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas policiales

las autoridades mexicanas resuelven solo alrededor del 1 % de los delitos, incluidos los abusos policiales (ZUMA Wire/dpa)

15 minutos. La ONG Humanos Human Rights Watch (HRW) exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que emprenda inmediatamente una reforma integral de la Policía Nacional, a la que acusa de asesinar y torturar civiles con total impunidad.

La denuncia de HRW se produce tras una serie de protestas realizadas en junio en respuesta a asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas policiales. Uno de estos fue la muerte bajo custodia del trabajador de construcción Giovanni López Ramírez, en el estado de Jalisco.

Ramírez, de 30 años, fue detenido a principios de mayo presuntamente por no llevar la mascarilla obligatoria en plena epidemia de coronavirus.

Las imágenes de vídeo captadas por los testigos muestran una actuación policial extremadamente violenta, prolegómeno de lo que sucedería después.

Ramírez falleció bajo custodia y, cuando sus familiares fueron a identificar el cadáver, se encontraron con que su cuerpo presentaba múltiples contusiones y heridas. Un agente de la Policía reconoció ante ellos que sus compañeros se excedieron en sus capacidades.

El hermano de Ramírez aseguró que el presidente del municipio les ofreció 10.000 euros para mantener la boca cerrada. También les amenazó con matarles si contaban la historia.

Protestas contra la brutalidad policial

Las protestas estallaron en la capital del estado, Guadalajara, y en todo el país. Los manifestantes derribaron las puertas del edificio del capitolio estatal, incendiaron vehículos de la Policía y prendieron fuego a un agente.

En respuesta, oficiales vestidos de civiles amenazaron, golpearon y detuvieron a los manifestantes. De hecho, algunos de ellos llegaron a perder el conocimiento por los golpes que les propinaron, según informaron a HRW.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó las acusaciones y señaló a los partidos de la oposición como responsables de instigar las protestas. Sin embargo, reconoció que cualquier exceso de violencia de la Policía no procedía de orden del estado, sino de los cárteles del narcotráfico.

Las protestas pusieron de manifiesto más casos como el de Ramírez. En Tijuana, Baja California, Yair López Jiménez murió asfixiado mientras era arrestado por un agente que aplastó su cuello con una bota. En Oaxaca, Alexander Martínez, de 16 años, estaba haciendo un recado cuando fue asesinado a tiros por un oficial de Policía que supuestamente le confundió.

La encuesta más reciente de personas detenidas realizada por la agencia estadística mexicana INEGI, señala que casi dos tercios de los consultados afirmaron haber recibido golpes durante el arresto, a más de un tercio los asfixiaron, y una quinta parte de ellos dijo haber recibido descargas eléctricas.

En casi la mitad de los casos, la persona que llevó a cabo el arresto no se identificó como un oficial. Además, en un 20 % de los casos detuvieron al sospechoso sin orden judicial y le llevaron a un lugar privado en lugar de una comisaría.

Impunidad

"El comportamiento abusivo de las fuerzas policiales de México", denuncia HRW, "es el resultado de múltiples factores, incluida la impunidad sistemática, la corrupción generalizada y la intimidación por parte del crimen organizado".

Según el grupo Impunidad Cero, las autoridades mexicanas resuelven solo alrededor del 1 % de los delitos, incluidos los abusos policiales.

Casi todos los delitos quedan impunes a pesar de los innumerables casos en los que las propias autoridades se revelan como cómplices de los abusos. A día de hoy, sigue sin haber estadísticas oficiales de personas asesinadas por la Policía en México, según HRW.

"Los agentes se enfrentan a enormes presiones del narcotráfico, y son objetivo de los propios cárteles cuando incumplen sus órdenes. Alrededor de un tercio de la Policía de la Ciudad de México y el 10 % en todo el país informan de que sus superiores los obligan a pagar cuotas ilegales", señaló Causa en Común, un grupo que evalúa el desempeño de la Policía mexicana.

A quienes se niegan a pagar se les niegan promociones y acceso a equipos, o se les obliga a trabajar en turnos largos o peligrosos. Un tercio de los agentes de Policía encuestados informaron de que llegaron a trabajar en turnos de 24 horas.

A ellos se suman las acusaciones por estar mal pagados y peor entrenados, y una quinta parte de los encuestados por el INEGI dicen no haber recibido instrucción alguna, mientras que muchos ni siquiera están en plantilla.

En lugar de abordar directamente el problema, los líderes mexicanos "simplemente han transferido fondos y responsabilidades de la Policía a los militares", que a su vez han acabado implicados múltiples atrocidades.

Por todo ello, HRW exige al presidente mexicano "un esfuerzo serio para reformar las fuerzas policiales de México" con vistas a un "sistema de rendición de cuentas", centrado en los límites al uso policial de la fuerza, el final de la corrupción, y la profesionalización de las fuerzas de seguridad".

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