15 minutos. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela son responsables de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en zonas de bajos recursos, según Human Rights Watch (HRW).
La organización recogió una serie de patrones que se remontan a la ola de movilizaciones de 2016 y que siguen teniendo eco en la actualidad.
La ONG entrevistó en junio y julio a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos. También se reunió con como abogados, activistas y periodistas que analizaron los presuntos abusos cometidos por la FAES, un cuerpo creado en 2017 por Nicolás Maduro, y dependiente en primera instancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
- Parlamento ecuatoriano rechaza despenalizar aborto en caso de violación
- Así justificó Maduro el diálogo con partidos minoritarios
HRW también revisó certificados de defunción de cuatro casos que coincidían con lo relatado por las fuentes y con las conclusiones realizadas en otras investigaciones. Se refiere entre otras a la realizada por la Alta Comisionada de la ONU, en la que se denuncian 20 ejecuciones extrajudiciales entre junio de 2018 y abril de 2019 durante operaciones de arresto de las FAES.
En todos los casos investigados por HRW, los agentes de las fuerzas especiales estaban armados y uniformados. Señala además que con frecuencia, obligaban a los familias de las víctimas a salir de la vivienda antes de llevar a cabo las ejecuciones.
Este es el caso de Ana Lucía Rodríguez (nombre ficticio), que contó cómo escuchó desde la casa de un vecino seis disparos que se cobraron la vida de su hijo. Relató que lo terminaron acusando de narcotráfico y que su cadáver apareció en una fotografía junto a un arma.
Ejecuciones del FAES
Según la ONG, los policías llegaban a robar, manipular pruebas, incriminar a las víctimas en delitos o disparar contra las paredes para alegar que se habían resistido a la autoridad.
Las familias denunciaron falta de información y restricciones a la hora de ver o recuperar los cadáveres.
Impunidad
Casi 18.000 personas murieron desde 2016 en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad, según las cifras del Gobierno, al que HRW acusó de no investigar de forma adecuada los casos documentados.
Muchas de las víctimas temen sufrir represalias si denuncian los abusos o desconfían de las autoridades judiciales y policiales, acusadas también de adelantarse a la conclusión de una investigación formal para catalogar como delincuentes a las víctimas.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, acusó a las fuerzas de seguridad de tomarse la justicia por su mano “matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.
“Cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al régimen de Maduro”, lamentó Vivanco. Además, denunció un “contexto de brutalidad sistemática” por parte de las fuerzas de seguridad.
La defensa de Maduro
Estos abusos, añadó, “continúan impunes en Venezuela desde hace años”. “La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela”, criticó.
HRW se refirió en concreto al posicionamiento de Maduro, a quien recrimina que no solo no haya promovido ninguna investigación sino que haya defendido públicamente a las fuerzas especiales. “¡Que viva el FAES!”, proclamó el 17 de julio, durante un discurso en el que expresó su apoyo a este cuerpo “en su labor diaria”.
