15 minutos. El Gobierno de México expresó su rechazo a la nueva ley migratoria del estado de Florida de Estados Unidos (EEUU), que entró en vigor este sábado. La norma persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios, por lo que la considera “discriminatoria” y “racista”.
“Si bien el Gobierno de México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en Estados Unidos de América, se considera que la SB 1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanos exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante”. Así lo señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano en un comunicado.
Además, advirtió que el Gobierno de México “utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida” mediante “acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica”.
Sentimientos de xenofobia
En concreto, México compromete su apoyo a cualquier acción legal emprendida por “personas víctimas de actos de hostigamiento, violencia, abuso, discriminación de todo tipo y perfilamiento racial”.
“Estas acciones son la punta de lanza de la estrategia del Gobierno de México para exigir el respeto a los derechos humanos y seguir velando por los intereses y bienestar de todas las personas mexicanas que residen en el extranjero, independientemente de su condición migratoria”, destacó.
México subrayó que “la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada“. También criticó estas acciones, “inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”.
Esta nueva ley “no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida” y menciona “la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida”.
“Ambos países se han esforzado por construir conjuntamente caminos de tolerancia, seguridad y respeto, de los cuales la SB 1718 los aleja, provocando sentimientos de intimidación y temor en la comunidad migrante”, argumentó México.
Cárcel y multas
La ley obliga a los empresarios con más de 25 trabajadores a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.
Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de mil dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza, además, con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a EEUU, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.
Se estipulan 5 años de prisión y multas de 5 mil dólares si la persona indocumentada es mayor de edad, y 15 años de cárcel y multas de 10 mil dólares si es menor de edad.
