15 minutos. “Estamos vivas, aunque con estragos”, es el más reciente mensaje que emitieron 11 mujeres sitiadas en el interior de una parroquia sitiada por la Policía de Nicaragua. Todas cumplen este miércoles seis días en huelga de hambre por la libertad de más de 150 “presos políticos”.
Desde que anunciaron su huelga de hambre el pasado jueves en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya (Pacífico), las autoridades del Gobierno cortaron los suministros de agua y energía. También dispusieron de un extenso cerco policial para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria.
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Otras cinco personas que se encontraban en el templo al momento del sitio policial sufren ayuno forzoso. Esto debido a que la Policía no permite que nadie entre ni salga de las instalaciones.
Las cinco personas son el padre diabético Edwin Román, la defensora Yonarqui Martínez, el opositor Santiago Fajardo, el periodista Marlon Pawell y un empleado de la parroquia.
Luchando para la liberación
“El padre (está sin) comida ni medicinas, pero aquí luchando para la liberación, somos rehenes de la Policía Nacional”. Esto indicaron las mujeres sitiadas en el templo de NIcaragua en un mensaje emitido en redes sociales.
Las féminas mantienen sus teléfonos celulares activos gracias a que los recargan de energía con la batería del automóvil del párroco. Sin embargo, temen que esta se agote en cualquier momento, por lo que sus mensajes al exterior cada vez son más escasos.
El médico José Luis Borge, conocido por evadir una orden gubernamental para no atender a opositores, advirtió que después de cinco días sin comer las personas podrían sufrir daños irreversibles en algunos de sus órganos más importantes.
Familiares del sacerdote, quien el martes sufrió dos desvanecimientos por falta de alimentos e insulina, afirmaron que se encuentra “deshidratado totalmente, su situación es precaria”.
Crisis sociopolítica
La huelga de hambre y el cerco policial forman parte de la crisis sociopolítica que, desde el estallido popular contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, dejó cientos de personas muertas, presas o desaparecidas, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Trece jóvenes fueron detenidos en Masaya y otros tres en Managua la madrugada del jueves pasado, mientras intentaban dar agua a las personas dentro de la iglesia. El martes, todos fueron acusados de transportar armas peligrosas.
La llamada “criminalización” de la protesta, y ahora también de la ayuda humanitaria, le trajo fuertes críticas al Gobierno de Ortega, tanto a nivel nacional como internacional.
Asistencia humanitaria en momento críticos
Entre las críticas, han aparecido imágenes de periódicos de hace más de 40 años, que muestran que incluso el dictador que Ortega ayudó a derrocar, Anastasio Somoza Debayle, permitió asistencia humanitaria en momentos críticos de su Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada de Nicaragua en 2018, responsabilizó al Gobierno por 328 muertos en el marco de la crisis. Órganos locales elevan la cifra a 651. Ortega admitió 200, sosteniendo que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.
Las mujeres despidieron su mensaje con las palabras “no se olviden de nosotras”.
