15 minutos. Estados Unidos sancionó este jueves a tres altos cargos de Nicaragua, entre ellos el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán, por violaciones de los Derechos Humanos, fraude electoral y corrupción, aumentando así la presión sobre el Gobierno de Daniel Ortega.
El Departamento del Tesoro de EEUU, ha actuado contra Avellán como ‘número dos’ de la Policía, a la que acusa de “significativos actos de violencia o abusos de los Derechos Humanos contra personas relacionadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
“Avellán ha llevado a cabo la campaña del régimen contra la oposición y medidas represivas” tales como “detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales”, ha señalado el Tesoro. En concreto, le atribuye la ‘Operación Limpieza’ para desmantelar las barricadas en Masaya y Monimbo.
Se ha dirigido también contra Lumberto Campbell, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), una institución a la que achaca “tácticas no democráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganan elecciones”. Según Washington, ha llegado a ordenar a funcionarios que voten por los candidatos oficialistas.
El tercer sancionado es Roberto José López Gómez, director del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), organismo que estaría implicado en “transacciones con prácticas engañosas o corrupción” relacionadas de algún modo con el Gobierno de Ortega. “El INSS es uno de los principales vehículos de la corrupción” en el país, ha sostenido el Tesoro.
Declaraciones del Subsecretario del Tesoro
El subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich, ha indicado que con estas acciones Estados Unidos ratifica su apoyo al “llamamiento del pueblo nicaragüense para la vuelta de la democracia, incluyendo elecciones anticipadas, libres y limpias”.
Como consecuencia de las medidas, todos los bienes que estas tres personas posean bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe a individuos y empresas de Estados Unidos hacer negocios con ellos.
La Administración de Donald Trump ya ha adoptado varias rondas de sanciones contra altos cargos de Nicaragua, incluidos Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al hijo de ambos.
El principal motivo son las protestas que estallaron en abril de 2018 por una polémica reforma del INSS que crecieron hasta reclamar la “democratización” del país. Más de 300 personas murieron por la represión de las manifestaciones contra Ortega.
Desde entonces, el Gobierno y la oposición intentaron establecer un diálogo que se suspendió hace meses entre acusaciones cruzadas de incumplimiento de los primeros acuerdos que ha llevado solo a liberar algunas personas que fueron detenidas durante las protestas.
