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EEUU investiga a altos funcionarios de Bukele por corrupción y narcotráfico

En la lista del Departamento de Estado estadounidense figura la jefa del Gabinete, Carolina Recinos, una de las más cercanas al mandatario de El Salvador

Las relaciones entre El Salvador y EEUU no se encuentran en su mejor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump dejó el Ejecutivo (Presidencia de El Salvador)

15 minutos. Un documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) vincula a altos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño de Nayib Bukele y a otros políticos del país con corrupción y narcotráfico, según reportaron este lunes diversos medios locales.

El Faro, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dieron cuenta del extracto de un informe desclasificado el 4 de mayo. Allí se especifican los nombres de "altos funcionarios del Gobierno de los que se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes".

Entre los funcionarios señalados por EEUU se encuentra la jefa del Gabinete de Bukele, Carolina Recinos. Se trata de una de las más cercanas al mandatario salvadoreño.

El documento, del que El Faro divulgó una copia en las redes sociales, precisa que Recinos estaría involucrada en "importantes actos de corrupción durante su mandato".

También dice que Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo, habría adjudicado contratos a una empresa de su propiedad para la construcción de delegaciones de la Policía y otras edificaciones que dependían de su cargo y con los costos inflados.

Otro de los funcionarios de Bukele señalados por EEUU de posibles actos de corrupción es Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Además, es un influyente líder del partido que llevó a Bukele a la presidencia en 2019, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Caso Merino

De igual forma, el reporte da cuenta de José Luis Merino, un exviceministro de Relaciones Exteriores y exguerrillero. También es uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

A pesar de ser miembro del partido que expulsó a Bukele en 2017, Merino fue señalado en septiembre de 2020 en un informe del consultor y periodista estadounidense Douglas Farah. En concreto, de mantener vínculos con el Gobierno de Bukele.

En julio de 2016, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) reveló que Merino, conocido como "Ramiro" durante la guerra civil (1980-1992), era investigado desde 2014. Específicamente, por traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana de las FARC.

Otro de los señalados es Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN. Está procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Reacción gubernamental

A preguntas de la prensa internacional sobre algún comentario sobre la lista a través de la aplicación de WhatsApp, un enlace de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno compartió un tuit del presidente Bukele. El mensaje se relaciona con los supuestos actos de corrupción de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

"Dicen los 'amigos' que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO". Así lo publicó en Twitter sin referirse directamente al listado.

Añadió: "Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos".

Relaciones bilaterales

Las relaciones entre El Salvador y EEUU no se encuentran en su mejor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump dejó el Ejecutivo. Bukele lo consideraba nice and cool.

Las tensiones se incrementaron después de que la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.

Esta lista es parte del "anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al Congreso en abril de 2021", de acuerdo con los reportes de prensa y la copia difundida.

EFE consultó a la embajada de EEUU sobre la desclasificación del referido documento.

"Sin aludir a un reporte particular o personas específicas, la Embajada de EEUU tiene conocimientode que el informe fue remitido al Congreso. Es una comunicación privada, no pública, entre el Departamento de Estado y el Congreso". De esta forma lo indicó Anaida Haas, portavoz de la embajada.

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