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Destituyen al secretario de Movilidad de Bogotá por contrato de semáforos

El contrato adjudicado alcanza los por 13.912 millones de pesos, unos 4,3 millones de dólares

Bocarejo es uno de los funcionarios más cercanos del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa

15 minutos. La Procuraduría colombiana destituyó e inhabilitó este miércoles por diez años al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por irregularidades en la adjudicación de un contrato por 13.912 millones de pesos, unos 4,3 millones de dólares, para implementar un sistema de semáforos para la capital del país.

Así lo informó la Procuraduría (Ministerio Público) que estableció que Bocarejo “no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación”.

Bocarejo es uno de los funcionarios más cercanos del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien respaldó las actuaciones y aseguró que estaba “convencido” de que el Secretario de Movilidad “actuó correctamente”.

“Estoy convencido que Juan Pablo Bocarejo actuó correctamente. Confío en que su apelación será analizada positivamente por la Procuraduría”, escribió Peñalosa en Twitter.

Bogotá busca implementar un sistema inteligente de semáforos/ EFE.

La Procuraduría señala en su decisión que “hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de 13.912 millones de pesos (unos 4,3 millones de dólares)”.

Esas piezas “corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”.

El fallo detalla que la Secretaría de Movilidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación del contrato sin tener diseñado el sistema de comunicaciones del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI). 

Para el Ministerio Público esa situación “genera una serie de riesgos de orden operativo, económico y hasta jurídico, que son consecuencia de la falta de planeación en la contratación del SSI”.

La sanción de primera instancia, es decir que puede ser apelada por los afectados ante la misma Procuraduría, también afecta a la directora de asuntos legales de la secretaría de Movilidad, Carolina Pombo, y a la subsecretaria de servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal.

El contrato para la semaforización inteligente, que está en plena ejecución, permitirá conectar en tiempo real el tránsito en todas las intersecciones de la ciudad.

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