15 minutos. La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del mandatario chavista venezolano Nicolás Maduro, presentó una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde que aprobó su extradición a Estados Unidos (EEUU), informaron este viernes sus abogados.
“El equipo de la defensa (…) tiene claro que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde cometió una serie de errores en su decisión del 7 de septiembre de 2021”. Así lo afirmó el abogado caboverdiano José Manuel Pinto Monteiro en un comunicado, al precisar que la solicitud se hizo el 29 de septiembre.
En su fallo, el Constitucional juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto de Saab para intentar frenar su extradición a EEUU. Este país le reclama por supuesto blanqueo de dinero.
Pruebas sobre la extradición
Según los letrados de Saab, en su sentencia el Constitucional -máxima instancia judicial de Cabo Verde- omitió pronunciarse sobre algunas cuestiones importantes que la defensa había planteado en su recurso.
Por ejemplo, el equipo legal sostiene que, aunque el tribunal declaró que Saab, como objeto de la petición de extradición de EEUU, no podía presentar pruebas sobre los cargos imputados por ese país, omitió pronunciarse sobre el derecho del empresario a presentar pruebas sobre otros aspectos de la extradición. Tal es el caso de su “inmunidad diplomática” o la “motivación política”.
Asimismo, la defensa cree inconstitucional la decisión previa del Tribunal Supremo del país africano de no aceptar como vinculante el fallo contra la extradición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao). La Cedeao ordenó en diciembre de 2020 su “liberación inmediata”.
“Álex Saab confía en que el TC conceda la petición de nulidad y dicte una nueva sentencia otorgando, al menos parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad y devolviendo el caso a los tribunales judiciales”, señaló Pinto.
Varios intentos legales sin éxito
El vicepresidente del tribunal de la Cedeao Gberi-Be Ouattara lamentó el 5 de octubre, en la Conferencia Anual de la Asociación de Abogados Africanos, que Cabo Verde no haya aplicado el dictamen de la corte regional. La Cedeao es el bloque de países al que pertenece Cabo Verde.
“Cuando un Estado no ejecuta las decisiones de la corte, esto constituye un incumplimiento de sus obligaciones. Los otros Estados pueden adoptar sanciones contra este Estado”, dijo Ouattara.
También el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó en junio que se frenara la extradición de Saab a EEUU y se garantizaran sus derechos.
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020. El arresto se dio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EEUU cursada a través de Interpol. Sin embargo, la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Con su veredicto del 7 de septiembre, el TC vino a dar la razón a 2 instancias inferiores. A saber: el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo. Incluso, al propio Gobierno caboverdiano, que ya había autorizado la entrega de Saab.
Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su extradición han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana.
Orden del Tribunal de Barlavento
Cabo Verde tampoco cumplió una orden del Tribunal de Barlavento. La misma autorizaba el traslado del empresario desde la isla de Sal -donde está detenido- hasta la capital del país, Praia. Esto, a fin de que reciba atención médica especializada ante el deterioro de su salud.
Además, la defensa denunció este jueves que las autoridades caboverdianas se niegan a expedir visados a la esposa y a las 2 hijas de Saab para que lo puedan visitar, a pesar de que lo permite ese tribunal.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab nació en la ciudad colombiana de Barranquilla y es de origen libanés. Se le relaciona con varias empresas, entre ellas el Group Grand Limited (GGL). Esta compañía está acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y 3 hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.
