15 minutos. Los tratos inhumanos que sufrieron víctimas de secuestros en Colombia fueron narrados por 3 mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC, vinculados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en hechos de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.
Los excomandantes Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez relataron, en 3 diligencias a las que fueron citados por separado en el caso 01 del tribunal, los horrores por los que hicieron pasar a civiles y miembros de la fuerza pública que estuvieron en cautiverio incluso durante años.
La JEP, que se creó por el acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, también investiga crímenes de paramilitares y fuerzas del Estado durante más de 50 años de conflicto armado.
Tratos inhumanos
Patiño rindió versión el pasado 4 de marzo sobre los tratos crueles que sufrieron los policías en los 2 campos de secuestrados que comandó entre 1999 y 2000. En dichos lugares a los uniformados, encerrados en jaulas de alambre de púas, los obligaron “a hacer sus necesidades en bolsas”. Incluso, “en los recipientes donde comían”.
“El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”. Así lo reconoció el compareciente al aceptar que “el daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande”.
Uno de los casos por los que respondió fue el secuestro del intendente, Luis Hernando Peña Bonilla. Ocurrió durante el ataque en 1998 a la base de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés (este). El hombre sufría problemas de salud mental y hasta hoy sigue desaparecido.
“Yo incluí al intendente Peña en la lista de secuestrados enfermos para ser entregados en intercambio humanitario, pero luego fue retirado”, dijo. Asimismo, se comprometió a averiguar con otros excombatientes sobre lo que le ocurrió a Peña Bonilla. Según algunos compañeros de cautiverio, lo asesinaron.
Crueldad hacia campesinos durante secuestros de las FARC
Alfonso López Méndez, comandante del frente 27 de las FARC, uno de los más grandes de la extinta guerrilla, reconoció en la JEP que el frente llegó a tener a 500 guerrilleros y 400 milicianos. Estos hicieron presencia en regiones extensas de los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama, en el departamento del Meta.
El 8 de marzo, López Méndez “reconoció que el frente 27 se financiaba del cobro de la pasta base de coca”, detalló la JEP. Acumuló “millonarios ingresos que le permitían ejercer el control territorial de vastas zonas, incluso construyendo carreteras en estas“, .
La mayoría de las víctimas que presenció la diligencia eran campesinos de la zona. Los secuestraron y recibieron torturas y tratos crueles por los guerrilleros que él comandaba.
“Las víctimas reportaron que además de ser torturadas y maltratadas, fueron obligadas a pagar sumas de dinero que iban entre 5 y 50 millones de pesos (entre 1.400 y 14.000 dólares) y que los dejaban sumidos en deudas y pobreza“, informó la JEP.
El compareciente reconoció su responsabilidad como comandante del frente 27 de las FARC y aceptó el daño que causó a las víctimas de los secuestros. También dio detalles sobre cómo los secuestros eran parte del control territorial que ejercieron. En particular, sobre los campesinos cultivadores de coca y otros pobladores.
Más de 137 militares y policías
Por su parte, Jhoverman Sánchez, tercero al mando del frente quinto hasta 1997 y luego comandante del frente 58, reconoció su participación en el secuestro de más de 137 miembros de la fuerza pública, entre militares y policías, entre 1998 y 2005.
“Sin embargo, ante los vejámenes que una de las víctimas directas de estos casos denunció haber sufrido en medio de su cautiverio, el compareciente respondió: ‘Había otros mandos superiores a mí que se encargaban de esto. Nunca fui a ninguno de estos campamentos. Quien enviaba o recibía las notas tampoco era yo. Si no estoy mal, quien se encargaba de eso era (Iván Márquez)”.
El 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a 8 miembros del antiguo Secretariado de las FARC el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.
Según la JEP, en este proceso se investigan “más de 9.000 hechos”. Hasta el momento, 2.107 víctimas han sido acreditadas. No obstante, en la primera etapa de la investigación, la Sala de Reconocimiento “ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20.000”.
La cifra, aunque escalofriante, no sorprende. La Fundación País Libre llegó a contabilizar 3.706 casos de secuestros en el año 2000, no solo cometidos por las FARC y otros grupos armados ilegales, sino por la delincuencia común. Esta, en muchos casos, hizo tenebrosas alianzas con los grupos guerrilleros, a los que “vendió” cautivos.
