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Cuestionan la nueva política energética de México

Aseguran que las normas afectan al mandato constitucional del país e invaden su esfera de competencia

Cofece solicita a la Justicia azteca que se pronuncie sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia ante una disposición de esta magnitud (ENDESA/Europa Press)

15 minutos. La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) cuestionó este lunes, a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, la nueva política sobre energía renovables implantadas a partir del pasado 15 de mayo, que limita la entrada en el mercado a compañías privadas.

A su juicio, "violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

De este modo, el ente considera que las nuevas normas también afectan al mandato constitucional del país e invaden su esfera de competencia.

Cofece cree que el nuevo instrumento de la Administración de López Obrador afecta "de manera grave" a la estructura económica del sector de electricidad. Específicamente, elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia.

Las razones

Esto se debe, según Cofece, a que la política de México compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. "Otorga ventajas a favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros", denunción. Asimismo, afirmó que "sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica".

La entidad señala que todo esto incide "de manera grave y trascendente" en la esfera de actuación del sector eléctrico, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en dicho mercado. Con la entrada en vigor de las nuevas políticas, "dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia".

Por todo ello, Cofece solicita a la Justicia azteca que se pronuncie sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia ante una disposición de esta magnitud.

La autoridad reconoce que incrementar la confianza y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito "legítimo y deseable". Sin embargo, no se debe anteponer a otros principios como el de la competencia económica. "Es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos", dijo Cofece.

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