17 de agosto de 2021 5:18 PM | Con información de EFE

15 minutos. La Justicia cubana revocó el beneficio de detención domiciliaria del conocido disidente José Daniel Ferrer y lo condenó a permanecer en la cárcel los más de 4 años que le restan de condena por una supuesta agresión.

Al líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) lo detuvieron el 1 de octubre de 2019.

En febrero de 2020, lo condenaron a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre.

Familiares y colaboradores de José Daniel Ferrer niegan esos cargos.

Tras 6 meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de 4 años y medio de detención domiciliaria.

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Más de un año después, Ferrer fue encarcelado de nuevo por unirse a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio.

Allegados publicaron este martes un auto del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, del 12 de agosto, donde el juez revoca el arresto domiciliario.

Ordena su ingreso en un establecimiento penitenciario para que cumpla allí los 4 años y 14 días que le restan de condena.

Para justificar la decisión, el magistrado sostiene que Ferrer mantuvo "una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir" durante su etapa de arresto domiciliario, según el documento del tribunal, que contempla un período de 3 días para recurrir.

El juez alega que el condenado no se incorporó a su trabajo y presentó "comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad", además de estar procesado por un nuevo delito de desórdenes públicos, cargo que se imputó en las pasadas semanas a muchos de los manifestantes del 11 de julio.

Primavera negra

José Daniel Ferrer García, de 51 años, forma parte de los disidentes más conocidos fuera de la isla.

Del "grupo de los 75" condenados en el año 2003 durante la ola represiva conocida como "primavera negra".

A Ferrer lo liberaron entre 2010 y 2011, con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español.

Ferrer, residente en la ciudad oriental Santiago de Cuba, formó parte de los 12 disidentes que decidió permanecer en su país tras su excarcelación.

Su más reciente proceso judicial concitó una fuerte expectación internacional y críticas de instituciones como el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de EEUU y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sus familiares aseguran su inocencia y afirman que los cargos imputados los inventaron.

Las autoridades cubanas le atribuyen una "larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad".

Niegan que se trate de un preso político, aunque le acusaron públicamente de "agente asalariado al servicio de Estados Unidos".