15 minutos. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela designado por Juan Guaidó, Julio Borges, denunció este martes ante la OEA que en su país se aproxima a un “fraude monumental” en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Llamó al “mundo libre” a no reconocer los comicios que pretende realizar el régimen de Nicolás Maduro.
“Se aproxima en los próximos días un fraude monumental que no puede ser indiferente a la región”, afirmó.
Borges participó en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada de forma virtual.
El encuentro fue convocado para analizar la situación de las instituciones venezolanas y el informe de una Misión Internacional de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad.
Llamó a “prender todas las alarmas y tomar todas las decisiones para que el mundo libre no reconozca ese fraude electoral que quiere cometer Nicolas Maduro”.
No se trata de apoyar o no a Guaidó
“El mensaje principal que yo quisiera decirles en nombre del pueblo venezolano, en nombre del presidente (interino) Guaidó, en nombre del Parlamento, es que los países miembros de la OEA tienen que entender que el problema no es si se apoya o no se apoya a Juan Guaidó, que el problema no es si se apoya al Parlamento venezolano o no se apoya al Parlamento venezolano, que el problema no es si esto es un tema de izquierdas o de derechas”, afirmó.
Dijo que el “drama venezolano no es ideológico, no es un drama de izquierdas o un drama de derecha” sino que es “de manera profunda un problema y una tragedia y una hecatombe y un genocidio humano”.
En ese contexto, consideró que su país se encuentra en “fase terminal”.
Llamó a la región a entender que este “genocidio venezolano” no es solo un problema de su país, sino que es una “amenaza total para la libertad y para el mundo libre”.
Crímenes de lesa humanidad
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, Marta Valiñas, apuntó que concluyeron que en Venezuela se cometieron “graves violaciones a los DD.HH.” entre 2014 y el presente año.
Los atropellos fueron cometidos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia de ese país, tanto civiles como militares.
“Tenemos motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló.
“Fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado”, apuntó.
Aludió, entre otras, a las ejecuciones extrajudiciales como parte de la estrategia de lucha contra la delincuencia.
También de la misión, Francisco Cox se refirió a la política de “aplastar a la oposición”, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Estas acciones son dirigida contra “críticos del Gobierno con un perfil público prominente” o quienes fueran percibidos como una “amenaza” para el régimen.
Cox mencionó entre los crímenes de lesa cometidos como parte de esa política detenciones arbitrarias, torturas, incluyendo violencia sexual y basada en violencia de género.
Encontraron “motivos razonables” para creer, después de investigar sobre más de 100 protestas, que los detenidos fueron víctimas de tortura, trato cruel y degradante.
“El trato recibido era parte de una política y de un ataque a la población civil”, alertó Cox.
Atribuyó las detenciones y torturas en el contexto de protestas a la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Sebin.
Elecciones sin garantía
El director ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, subrayó, que Venezuela se aproxima a unas elecciones “sin garantías”, el próximo 6 de diciembre.
A partir del “desconocimiento” del régimen de Maduro de los resultados electorales del año 2015, el país transitó de “un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado”.
Apuntó que para la celebración de elecciones “íntegras” en Venezuela se requiere construir un Estado de derecho, crear organismos electorales profesionales y competentes.
Además de eliminar las barreras que dificultan la participación política universal e igualitaria, entre otros.
Consideró que para la celebración de elecciones democráticas en Venezuela se requiere que la Asamblea Nacional elegida en 2015 sea la encargada de designar a los rectores de la autoridad electoral.
Se deben restituir las directivas legítimas de los partidos intervenidos y dejar sin efecto las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores, entre otros.
México y Argentina en contra de la fuerza
Durante la sesión, los embajadores de Argentina y México se declararon a favor del diálogo y en contra de cualquier acción o amenaza de intervención.
“México mantiene su firme compromiso para que la sociedad venezolana encuentre por su propio cauce y por la vía pacífica una solución negociada y duradera”, afirmó la representante mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños.
“}Mi país estima que cualquier acompañamiento internacional debe ser complementario a los esfuerzos nacionales y siempre por la vía del diálogo”, aclaró.
Por su parte, su colega de Argentina, Carlos Raimundi, defendió el principio de no intervención.
Advirtió sobre el riesgo que se haga una “interpretación sesgada” cuando se pone el foco en un tipo de situaciones o un país en particular.
La sesión extraordinaria fue solicitada por la misión de Colombia ante este organismo, en conjunto con las de Brasil, Estados Unidos y Venezuela.
