15 minutos. El Gobierno de Colombia anunció que llegó a un acuerdo con las autoridades de Venezuela para permitir localizar los restos mortales de desaparecidos colombianos en la zona de la frontera entre ambos países.
El ministro de Exteriores de Colombia Álvaro Leyva informó este domingo que acordó con su homólogo de Venezuela Yván Gil “proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos (…), sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso, excomandante de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Leyva explicó que las declaraciones a las que hace referencia en su comunicado “fueron efectuadas virtualmente” durante un acto la semana pasada en la población fronteriza de Juan Frío, en Norte de Santander, y durante la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Hornos para cadáveres
Mancuso, quien volvió a denunciar ante la JEP connivencia de altos mandos militares, aseguró que “ni un solo oficial superior” del Ejército puede negar haber participado con él en operaciones de apoyo.
Aseguró que la relación entre mandos militares y paramilitares sirvió para poner freno al avance de las guerrillas; incluso, para ocultar el número de víctimas que sus operaciones dejaban a su paso. En este sentido, reconoció la existencia de los llamados “hornos” en los que eran arrojadas para desaparecerlas.
Como consecuencia de estas actividades conjuntas de las AUC y el Ejército, hay más de 200 cadáveres arrojados a fosas comunes en territorio venezolano.
Algunas víctimas fueron arrojadas al río “para que se los llevara”. Otras fueron enterradas en Venezuela. “Allá hay más de 200 personas”, aseguró Mancuso. También dijo que la decisión de llevarlas hasta ese país fue lo cerca que estuvo la Fiscalía en 2001 de encontrar una fosa con 50 personas.
Extradición
Mancuso se encuentra en un centro de retención de migrantes en Atlanta, Estados Unidos (EEUU), a la espera de su extradición. Declaró ante la JEP para acogerse como colaborador a la justicia especial del tribunal, surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
Conocido como ‘Triple Cero’ durante su pasado armado, reconoció haber estado implicado en al menos 300 asesinatos; entre ellos, los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel. Sin embargo, jamás la cumplió, por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.
A su vez, tiene abiertos 2 procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios. Asimismo, por el desplazamiento forzoso de casi mil personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
