9 de septiembre de 2019 7:50 PM | Por DPA

15 minutos. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos registró en el Congreso una proposición no de ley (PNL) sobre "la extensión de protección temporal a los exiliados venezolanos en España" en la que pide "diseñar un plan de acogida" para este colectivo "para garantizar su inserción en el mercado laboral y su pleno acceso a los servicios sociales, así como el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado".

En el texto, además, se insta al Gobierno a liderar en la UE la aprobación de nuevas sanciones contra altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. La iniciativa la firman María Luisa Alonso, que es hispano venezolana y es vicepresidenta de la Comisión de Exteriores y Melisa Rodríguez, portavoz en esta Comisión.

• Alerta naranja en Chile por volcán Villarrica
• FARC denunció detención de exguerrillero liberado tras firma de paz

La iniciativa, que Ciudadanos quiere debatir en el pleno de la Cámara, reconoce que la protección temporal que el Gobierno comenzó a conceder a venezolanos a los que se les ha denegado el asilo es "un avance", pero avisa de que "queda muy lejos de solucionar el problema, al ser extensible por solo un año" (su vigencia es de un año prorrogable por otro más).

Entre enero y agosto de 2019, unos 15.000 venezolanos a los que se les había denegado el asilo desde 2014 han podido acogerse a esta figura, según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press. Los venezolanos siguen siendo la mitad de quienes piden asilo en España: unos 23.000 de los 65.500 que lo han solicitado entre el 1 de enero y el 30 de julio.

Ahora, Ciudadanos pide que se activen dos artículos (el 6 y el 10) del reglamento 1325/2003 en que se basa esta protección temporal para que el Gobierno haga una "declaración general" de protección al "exilio venezolano".

El artículo 6 prevé que el Gobierno haga una descripción de los grupos que merecerán la protección y una estimación de su magnitud, además de fijar la fecha en la que surtirá efecto la protección.

El 10 prevé poner en marcha una "operación de acogida" y que los salvoconductos, visados o autorizaciones de entrada se tramiten de manera preferente. El grupo objetivo de dicha protección serían los "venezolanos exiliados como resultado de las políticas del régimen de Nicolás Maduro".

La tramitación del asilo es lenta e ineficiente

Ciudadanos alega en su exposición de motivos que la resolución de las solicitudes de asilo es lenta e ineficiente y no está a la altura "ni del número de demandantes ni de la gravedad de la situación en la que se encuentra Venezuela".

Además, recalca que en 2018 solo un 24% de las peticiones de asilo --totales, no solo de venezolanos-- se resolvieron favorablemente y que el Ministerio de Trabajo y Migraciones dispone de unas 8.000 plazas de acogida para estas personas cuando ya hay 4.000 pendientes, lo que está "desbordando el sistema".

De hecho, se hace eco de la preocupación de organizaciones como la Coordinadora de Barrios o la Red Solidaria de Acogida, que "apuntan a una estrategia premeditada del Gobierno para desincentivar las solicitudes de asilo utilizando un sistema de acogida insuficiente".

Que el congreso condene la "dictadura"

La PNL también quiere que el Congreso condene "la dictadura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país".

Además, su objetivo es pedir al Gobierno que colabore con los 145 países latinoamericanos que han suscrito un plan de acción para la acogida e inclusión del éxodo venezolano celebrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Denunciar a Maduro ante el TPI

Por otro lado, Ciudadanos reitera su ya tradicional petición de que España se adhiera al grupo de países que ha demandado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (TPI) que investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro --algo que el Gobierno hasta ahora ha rechazado--.

Por último, quiere que el Gobierno lidere en el seno de la UE la "presión internacional" al régimen de Nicolás Maduro mediante una ampliación de las sanciones específicas contra sus altos cargos.