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Casi 3.000 personas fueron asesinadas en 2020 en Venezuela por policías y militares

Son ejecuciones extrajudiciales porque "suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte", advirtió la ONG Provea

Según los datos de Provea, "la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad" (EFE/Miguel Gutiérrez)

15 minutos. Al menos 2.853 personas fueron asesinadas por los diferentes cuerpos armados del régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela durante el año 2020, denunció este martes la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

El cuerpo que señalan como responsable de más muertes es la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Principalmente, a través del grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Su disolución la pidió la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recogió Provea en un comunicado.

La PNB "fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55 % del total". Así lo destacó la ONG, que acopia estos datos como parte de la iniciativa "Lupa por la Vida". Este es un proyecto de investigación y divulgación del impacto de la violencia policial y militar, que se enfoca en las ejecuciones extrajudiciales.

El principal "centro de operaciones" del FAES "son las barriadas donde habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales".

Por detrás, se ubica el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, con 593 casos de personas asesinadas en 2020. Esto supone el 17,52 %.

Además, los cuerpos policiales autónomos de los estados fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones (25,71 %), según los datos de Provea.

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Para la ONG, "llama la atención la letalidad de la Policía del estado Zulia, responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes".

Por otra parte, el proyecto detectó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos durante 2020.

La "gran mayoría" son responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un cuerpo policial adscrito a la FANB.

Finalmente, observaron que las policías municipales causaron 134 presuntas ejecuciones.

Jóvenes y humildes

Según los datos de Provea, "la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes".

En 2020, el noroccidental estado Zulia de Venezuela (fronterizo con Colombia) fue el que registró más personas asesinadas, con 667. Le siguen Aragua con 297, Bolívar con 269 y Lara con 193.

"Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros estados", apostilla la ONG.

Los datos muestran que ni el confinamiento para atajar la pandemia de COVID-19 "frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares".

Según su investigación, los funcionarios policiales y militares "actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada" También porque "cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública".

Ejecuciones extrajudiciales

Asimismo, observaron que, "en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales".

"De hecho, se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos". Esto no es "otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las víctimas emplearon armas contra policías y militares", explicaron.

En realidad, de acuerdo con Provea, "en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas".

Para la ONG, una ejecución se produce en "todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima".

Son extrajudiciales porque "suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte. El funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona".

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