15 minutos. La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un basurero cercano a Iguala, la ciudad donde desaparecieron la noche del 26 de septiembre del 2014.
En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, estuvo bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.
Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero. Este permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.
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Este basurero a cielo abierto está a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.
El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.
El tiradero a cielo abierto solo se delimita por alambre de púas y el portón es viejo y de fácil acceso. Sin embargo, los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.
Al interior se observan camiones militares de carga que se llenan en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vacían en otro punto.
No obstante, como los depósitos de basura son constantes, para encontrar indicios relacionados con el caso tendrían que remover lo acumulado durante cinco años.
Reacciones al caso
En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.
Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Esta exploración es diferente a lo que se investigó en la llamada verdad histórica del Gobierno federal anterior, la cual terminó por descartarse.
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, a los estudiantes los interceptaron policías corruptos. Estos agentes luego los entregarían al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.
Sin embargo, una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.
En los últimos días, un juez federal ordenó poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso. Además, absolvieron a Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia, por falta de pruebas.
De igual manera, Amnistía Internacional (AI) señaló este martes que el Gobierno de López Obrador debe encontrar una respuesta al caso de los estudiantes desaparecidos. “Las autoridades tienen gran deuda con la verdad a la que tiene derecho la sociedad”, declaró la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum.
