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Bolsonaro sugiere practicar tortura contra los corruptos

Una indirecta para el ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, quien está siendo investigado por un supuesto desvio de fondos públicos

La apreciación de los policías y bomberos pasa necesariamente por la actualización de los reglamentos disciplinarios, a la luz de la Constitución de 1988 (Cortesía Flickr)

15 minutos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió practicar la tortura contra los miembros de su Gobierno que pudieran estar implicados en casos de corrupción.

Esto supone una indirecta para el ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, quien está siendo investigado por un supuesto desvio de fondos públicos para financiar la campaña electoral de 2018.

"Brasil está cambiando, pero puede ser que haya corrupción. Donde hay gobierno puede ser que haya corrupción, en ese caso cuelgo al ministro del palo del guacamayo ('pau de arara') si tuviera alguna responsabilidad, obviamente", espetó el dirigente ultraconservador, quien en ningún momento hizo referencia a Álvaro Antonio.

Práctica de descargas eléctricas

Este método de tortura al que hizo referencia Bolsonaro fue muy utilizado durante la dictadura militar (1964-1985) y consistía en colgar boca abajo a las víctimas por las muñecas y los tobillos, para practicarle descargas eléctricas o amagos de ahogamiento.

Álvaro Antonio niega las acusaciones de ese delito que supuestamente habría cometido durante la campaña electoral en la que él era presidente del Partido Social Liberal (PSL) en la región de Minas Gerais. Bolsonaro mantuvo que esperará hasta que la Justicia tome una decisión al respecto para actuar en consecuencia contra el todavía ministro de Turismo.

No obstante, Álvaro Antonio no es el único ministro de Bolsonaro investigado, tal y como recordó el periódico brasileño 'Folha de Sao Paulo'.

En ese sentido, el titular de Medioambiente, Ricardo Salles, tiene roto su secreto bancario después de que el Ministerio Público de Brasil solicitara a la Justicia una investigación sobre un supuesto enriquecimiento ilícito del que se habría beneficiado mientras trabajaba para el Gobierno regional unos años atrás.

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