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Bachelet reiteró pedido para que se levanten las sanciones sectoriales contra Venezuela

En su opinión la situación humanitaria preexistente se agravó por la pandemia y por esas medidas

Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de DDHH (EFE/EPA/Salvatore Di Nolfi)

15 minutos. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes levantar las sanciones sectoriales contra Venezuela por considerar que estas han agravado la precaria situación económica y social de la población.

Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos. En el mismo se destaca que esas sanciones acentuaron también el impacto de la pandemia en el país.

"La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones", señaló.

Las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se cree que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un gobierno y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero, principalmente.

Ayuda humanitaria para Venezuela

En el informe se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia. Específicamente plantea asegurar una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.

Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el régimen venezolano. Esto permitirá que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país.

Gracias a este último entendimiento los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de 6 a 12.

Por otra parte, la alta comisionada defendió el papel de la sociedad civil para hacer un seguimiento de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad. También lanzó un llamamiento para proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos de ataques, intimidación o de la criminalización de su trabajo.

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