15 minutos. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció que su oficina cuenta con “información corroborada” sobre homicidios e intentos de homicidio a personas contrarias al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Estos delitos ocurrieron en los meses de junio y julio pasados, todos perpetrados contra personas que protestaron en el 2018.
Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega, fronterizo con Honduras, y “en al menos tres casos se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018″, detalló.
Bachelet mencionó el documento en una sesión donde el enviado por Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.
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Además, pidió investigar urgentemente los crímenes ocurridos en zonas alejadas y en la vecina Honduras y exigió sanciones a los responsables.
Con respecto a la versión escrita del informe, la alta comisionada agregó que: mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.
También destacó que el espacio cívico se vio reducido considerablemente a raíz de la crisis política.
De hecho asegura que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.
Continúa el acoso a los activistas y líderes comunitarios, entre ellos indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega.
“Criterios parcializados”
Valdrack Jaentschke, ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, fue el enviado a Ginebra para responder a estas denuncias.
El alto funcionario empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás “sino la realidad actual”.
De hecho, de acuerdo a Jaentschke es muy diferente y asegura que ellos sí respetan todos los derechos fundamentales.
Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados”.
Incluso señaló que omitieron expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado” de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.
