Abusos y torturas siguen vigentes en Venezuela, según nuevo informe de Bachelet

Pidió a la Fiscalía que investigue las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas

Hizo énfasis en que se “garantice todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes” (Cortesía Twitter @onuvenezuela)

15 minutos. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúa vigente.

En el informe, la ACNUDH ratificó que continúa recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Precisó que recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.

El informe aclara que no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.

La ACNUDH documentó nuevos casos en los que las personas sometidas a desapariciones forzadas son sometidas e incomunicadas.

Las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares.

“Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dijo el organismo.

Violencia sexual en cárceles de mujeres

Recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva.

Se denunció que la mayoría de las instalaciones no están aptas para cumplir normas específicas de género y las detenidas se encuentran vigiladas por hombres.

“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado a participar en actos sexuales”, señala el informe.

Pidió a la Fiscalía que “investigue las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía involucrados”.

Además se denuncia el uso abusivo de la detención preventiva, la cual empeoró en el contexto de la pandemia del COVID-19.

El informe documenta al menos 12 casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.

“La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados”, expresó.

“En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. El ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, dice el informe.

Elecciones regionales

Sobre los próximos comicios de noviembre, la ACNUDH reveló que el régimen induce a la población al voto.

Se destaca el secuestro o robo de las organizaciones políticas democráticas y la usurpación de sus legítimas directivas.

También la violación al derecho al voto directo de los pueblos indígenas, el derecho al voto libre y justo.

“Las autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios”, precisó.

Asimismo, destacó que “empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban”.

Bachelet exhortó en el informe que se priorice una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos.

También hizo énfasis en que se “garantice todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes”.

Aumenta la persecución

El informe Bachelet destacó el incremento de la persecución y el acoso contra miembros y diputados de la legítima Asamblea Nacional.

Además de la elaboración o modificación de instrumentos legales, con el fin de adecuarlos a los fines de la persecución por razones políticas.

Reafirmó que se viola la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de manifestaciones pacíficas, de opinión y expresión, entre otras.

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