15 minutos. El gobernador de Florida Ron DeSantis promulgó este viernes la ley SB 1808, que endurece todavía más las políticas migratorias del estado, al prohibir los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporte a inmigrantes, incluidos los menores no acompañados.
Además, amplía la definición de “política de santuario” para evitar que ciudades o condados de Florida limiten o prohíban que las Policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia.
A partir de ahora, las agencias del orden que operan algún centro de detención deberán firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Específicamente, para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
El republicano también anunció la formación de una “fuerza de ataque”; estará integrada por efectivos del orden estatales, como la Patrulla de Carreteras y agentes locales. En concreto, para detener a traficantes de humanos y narcotraficantes.
Mejor trato que a los estadounidenses
Flanqueado por varios responsables de agencias de orden público, DeSantis dijo en conferencia de prensa este viernes que la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 supuso “abrir la frontera” con México.
Puso como ejemplo la cifra de detenciones de inmigrantes indocumentados registradas en mayo, más de 239 mil. Es la mayor de la que se tiene registro en los últimos años.
En su intervención, el gobernador dijo que las políticas en materia migratoria de Biden son dañinas para el país. Lamentó que en partes del país se trate a los indocumentados “casi mejor que a los ciudadanos estadounidenses en algunos aspectos”.
Pero no será así en Florida, donde la nueva ley SB 1808 “protegerá a los floridanos de la crisis fronteriza de Biden”, según DeSantis. La norma impedirá que empresas con contratos con el Gobierno federal para transportar o cuidar de inmigrantes indocumentados tengan vínculos económicos con Gobiernes estatales y locales en la región que él dirige.
Así, la ley SB 1808, penaliza a organizaciones religiosas, como Caridades Católicas, por cuidar a niños migrantes que llegan al país sin la compañía de sus padres. Incluso, a aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad al negarles las licencias estatales.
Operación Pedro Pan
La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC) criticó con dureza al gobernador por promulgar esta medida. La venía combatiendo desde que se negociaba en el Legislativo estatal.
Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare y copresidente de ABIC Action, consideró que las ambiciones políticas de DeSantis no deberían “dañar a los niños inmigrantes inocentes“. Su nombre suena como posible aspirante republicano a la Casa Blanca.
“Esta ley destruye la vida de niños inocentes, daña la economía y aumenta los precios de los alimentos y la gasolina para todos los floridanos“. Así lo dijo Fernández en un comunicado en referencia a los cálculos de ABIC de que esta ley costará a los contribuyentes 12 millones de dólares; algo que consideró un “desperdicio”.
Esta ley supuso una agria disputa entre el gobernador y el arzobispo católico de Miami Thomas Wenski. El religioso denunció que la medida obligaría a cerrar albergues que acogen a los menores inmigrantes, incluidos los de Caridades Católicas.
También recibió críticas de una parte del exilio cubano, que le recordó al gobernador que muchos de ellos llegaron al país como inmigrantes no acompañados en la llamada operación Pedro Pan. A través de dicha operación, miles de niños cubanos llegaron al EEUU a inicios de la década de 1960 en su huida del régimen castrista.
