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Alegan que la ley viola la Primera Enmienda, la igualdad de protección y los derechos contractuales
Participaron la Asociación de Educación de Florida, la Facultad Unida de Florida, el sindicato de maestros del condado de Alachua y el sindicato de profesores de la Universidad de Florida (Cortesía: Joe Burbank)
10 de mayo de 2023 5:53 PM | 15 minutos
15 minutos. Los sindicatos de maestros presentaron una impugnación constitucional a una nueva ley de Florida que impone restricciones adicionales a los sindicatos de empleados públicos.
Califican la medida como una represalia política del gobernador del estado, Ron DeSantis.
La demanda la presentaron el martes en un tribunal federal en Tallahasseea. Alegan que la ley viola la Primera Enmienda, la igualdad de protección y los derechos contractuales.
Participan la Asociación de Educación de Florida, la Facultad Unida de Florida, el sindicato de maestros del condado de Alachua y el sindicato de profesores de la Universidad de Florida.
El gobernador firmó la ley (SB 256) el martes en un evento en Miami.
DeSantis y los sindicatos de maestros se enfrentaron repetidamente sobre las políticas educativas.
Además, los sindicatos fueron partidarios clave el año pasado del oponente electoral del gobernador, el demócrata Charlie Crist.
La demanda precisó que los sindicatos que representan a los agentes del orden, los oficiales correccionales y los bomberos, que respaldaron a DeSantis y otros republicanos, están exentos de las restricciones.
Consideran esta medida como un intento del gobernador por castigar a los sindicatos escolares y otros de empleados públicos por enfrentarlo.
"Impulsó cambios 'sin precedentes' en la ley de negociación colectiva de Florida para dañar a los sindicatos desfavorecidos y eximir a los sindicatos que representan a las fuerzas del orden público, correccionales y empleados de bomberos que lo han apoyado”, especifica la demanda.
Entre otras cosas, la ley impide que se descuenten las cuotas de los salarios de los trabajadores, lo que obliga a los miembros del sindicato a realizar pagos separados.
Además, requiere medir cuántos empleados elegibles son miembros del sindicato que pagan cuotas. Si menos del 60% de los empleados elegibles son miembros, los sindicatos deberán volver a certificarse como agentes de negociación.
