16 de mayo de 2023 6:30 PM

15 minutos. La junta directiva de una escuela chárter del condado de Seminole, es investigada por posibles violaciones de las leyes estatales que establecen que tanto los registros como los asuntos escolares deben ser públicos y estar disponibles para quien lo requiera.

Según citó el medio Orlando Centinel, "un juez del condado de Seminole ordenó a los cinco miembros de la junta escolar que respondieran a las citaciones del estado y entregaran los mensajes y correos electrónicos relevantes antes del 2 de junio".

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Recoge el medio local que los miembros de la junta directiva de Choices in Learning Elementary Charter School recibieron citaciones de investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Seminole, según los registros presentados en el Tribunal de Circuito del Condado de Seminole.

“El estado confirmará que la investigación en cuestión involucra violaciones de las leyes Sunshine y de registros públicos de Florida”, señalan los documentos judiciales presentados por Stacey Salmons, fiscal estatal adjunta en jefe en la Oficina del Fiscal Estatal de Seminole-Brevard, para obligar a la escuela a entregar los registros.

Choices in Learning es una escuela pública, igual que otras escuelas chárter, por lo que se rige por las leyes estatales en la materia. La institución ha estado en medio de controversias, tras la dimisión de su exdirector forzada por la Junta Escolar.

Disputa entre miembros de junta escolar y director

Según registros consultados por OC, la controversia se originó por una disputa de un miembro de la junta con el director por intentar saltarse las normas de la institución y pretender entregar durante clases, una tiara a su hija que cumplía años.

A raíz de ello, la junta contrató un nuevo director, pero algunos representantes molestos por las acciones de la junta denunciaron a sus miembros por posible violación de las leyes estatales.

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Reseña el medio local OC que los miembros de la junta inicialmente se opusieron a las citaciones, y los abogados de Tripp Scott argumentaron que la solicitud del estado era "irrazonable y opresiva" y eliminaría miles de correos electrónicos y mensajes privados no relacionados. También le costaría a la escuela alrededor de US$ 7,500 para que un abogado los revise.

La jueza Susan Stacy, en una audiencia el 2 de mayo, limitó la solicitud del estado para que los miembros de la junta tengan que entregar “cualquier comunicación entre los miembros de la junta con respecto a cualquier asunto que pueda presentarse ante la junta para tomar acción”. Tienen hasta las 5 pm del 2 de junio para hacerlo, destacó el medio local.