Gobierno de California responsabiliza al de Florida de llevar a inmigrantes a Sacramento

Las 16 personas transportadas son de Colombia y Venezuela, y entraron a los Estados Unidos a través de Texas

El fiscal dijo que está evaluando si se produjeron violaciones de la ley civil o penal (Wikipedia)

15 minutos. El fiscal general de California informó que todo parece indicar que el gobierno de Florida es el responsable de dejar a un grupo de inmigrantes sudamericanos frente a una iglesia de Sacramento.

“Si bien esto aún está bajo investigación, podemos confirmar que estas personas estaban en posesión de documentación que supuestamente era del Gobierno del estado de Florida”, dijo Rob Bonta en un comunicado.

Los documentos dicen que los migrantes fueron transportados a través de un programa dirigido por la División de Manejo de Emergencias de Florida (FLSERT). Y fue llevado a cabo por el contratista Vertol Systems Co., dijo Tara Gallegos, vocera de Bonta.

Florida pagó al mismo contratista 1,56 millones de dólares el año pasado para transportar inmigrantes de Texas a Martha’s Vineyard (Massachusetts). También canceló por un segundo vuelo a Delaware que nunca se realizó.

“Inmoral y repugnante”

Los 16 migrantes que llegaron a Sacramento el viernes son de Colombia y Venezuela, y entraron a los Estados Unidos a través de Texas.

Primero fueron transportados a Nuevo México y luego en un avión chárter a la capital de California. Una vez allí, fueron dejados frente a la Diócesis Católica Romana de Sacramento, dijeron funcionarios de California.

Fueron abordados afuera de un centro para migrantes en El Paso, Texas, por personas que les ofrecieron trabajo y asistencia para viajes, dijo Eddie Carmona de PICO California, un grupo religioso que ayuda a los migrantes. No sabían que los iban a llevar a Sacramento y llegaron con pocas pertenencias, dijo.

Vertol Systems Co. y la División de Manejo de Emergencias de Florida no han respondido a las declaraciones.

Bonta dijo que está evaluando si se produjeron violaciones de la ley civil o penal.

“Mientras continuamos recolectando evidencia, quiero decir esto muy claramente: el secuestro sancionado por el Estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante”, dijo Bonta en un comunicado.

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