13 de febrero de 2023 3:50 PM | 15 minutos

15 minutos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una legislación integral para proteger a los floridanos del movimiento progresista ambiental, social y de gobierno corporativo conocido como Woke ESG.

“El anuncio de hoy se basa en mi compromiso de proteger las inversiones de los consumidores y su capacidad para acceder a los servicios financieros en el Estado Libre de Florida”, dijo DeSantis.

La iniciativa legislativa incluye los siguientes planteamientos:

Prohibir que los grandes bancos, fideicomisos y otras instituciones financieras discriminen a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, incluido su apoyo para asegurar la frontera, poseer un arma de fuego y aumentar nuestra independencia energética.

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La iniciativa incluye las siguientes propuestas:

• Prohibir que el sector financiero considere los llamados "puntajes de crédito social" en las prácticas bancarias y crediticias que tienen como objetivo evitar que los floridanos obtengan préstamos, líneas de crédito y cuentas bancarias.
• No permitir que los bancos que se dedican al activismo corporativo mantengan fondos del gobierno como Depositario Público Calificado (QPD).
• Impedir el uso de ESG en todas las decisiones de inversión a nivel estatal y local, asegurando que los administradores de fondos solo consideren factores financieros que maximicen la tasa de rendimiento más alta.
• Prohibir a todas las entidades estatales y locales, incluidas las organizaciones de apoyo directo, considerar, dar preferencia o solicitar información sobre ESG como parte del proceso de adquisición y contratación.
• No permitir el uso de factores ESG por parte de los gobiernos estatales y locales al emitir bonos, incluida una prohibición contractual para las agencias calificadoras cuyas calificaciones ESG impactan negativamente en las calificaciones de bonos del emisor.
• Ordenar al Fiscal General y al Comisionado de Regulación Financiera que hagan cumplir estas disposiciones en la mayor medida de la ley.

La legislación propuesta se basa en las acciones tomadas por el gobernador y sus compañeros fideicomisarios de la Junta de Administración del Estado (SBA).