Algunos inmigrantes indocumentados podrían recibir pena de muerte obligatoria en Florida

De acuerdo con la legislación actual, los jurados hacen recomendaciones a los jueces sobre si sentenciarlos o no

Este jueves, los legisladores se reunirán nuevamente en una sesión especial (Cortesía X @EROMiami)

15 minutos. Los inmigrantes indocumentados condenados por asesinato en primer grado o violación de niños podrían recibir la pena de muerte obligatoria en Florida, de aprobarse los proyectos de ley presentados el miércoles por comités de la Cámara de Representantes y el Senado.

La disposición sobre la pena de muerte está incluida en los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C.

Ambas normas, además, convertirían en delito menor el que los inmigrantes indocumentados mayores de 18 años ingresen a Florida “a sabiendas” y “después de haber ingresado a Estados Unidos (UU) eludiendo o evitando el examen o la inspección por parte de los funcionarios de inmigración”. La pena de prisión sería de nueve meses para quienes infrinjan la ley por primera vez. Los reincidentes enfrentarían cargos por delitos graves que conllevarían a una pena mínima de un año y un día de prisión.

La líder de la minoría demócrata Fentrice Driskell, de Tampa, señaló que la Corte Suprema había dictaminado que las sentencias de muerte obligatorias son inconstitucionales, según CBS News.

Por su parte, el representante republicano Sam Garrison, de Fleming Island, reconoció que el asunto sería objeto de litigio. Sin embargo, el abogado dijo que nada de lo dispuesto “erosiona los derechos” de las personas. A su juicio, la propuesta de pena de muerte se dirige contra las personas que cometen los “peores delitos”.

Según la legislación actual, los jurados hacen recomendaciones a los jueces sobre si condenar a los acusados ​​a muerte. El proceso incluye el examen de factores “agravantes” y “atenuantes”.

Junta de control de inmigración

Los comités de la Cámara de Representantes y del Senado también aprobaron un plan de control de inmigración (HB 1C y SB 2-C).

Parte de la legislación crearía una Junta Estatal de Control de la Inmigración, compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado. La junta coordinaría las actividades de control de la inmigración con los funcionarios federales; además, distribuiría 250 millones de dólares en subvenciones a las agencias de aplicación de la ley que asistan a las iniciativas federales. Las decisiones de la junta requerirían la aprobación unánime.

Este jueves, los legisladores se reunirán nuevamente en una sesión especial.

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